El Tribunal de Cuentas investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos

El Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco aprobó con observaciones la Rendición de Cuentas de la Tesorería General correspondiente al ejercicio 2024 y dispuso la apertura de un Juicio de Cuentas contra un funcionario por presuntos pagos indebidos, además de ordenar una investigación específica sobre más de 312 millones de pesos.

La medida fue adoptada mediante la Resolución Nº 122 de la Sala I del organismo de control, luego de una auditoría que detectó inconsistencias vinculadas al pago de bonificaciones administrativas dentro de la estructura de la Tesorería General.

Según el informe oficial, el principal involucrado es Gustavo Rafael Domínguez, director de Administración del Servicio Administrativo Financiero de la Tesorería General, quien deberá responder por un presunto cobro indebido de $1.593.092,46. La observación se relaciona con la percepción de una bonificación destinada a agentes que desempeñan funciones administrativas adicionales en organismos que carecen de servicio propio.

La auditoría estableció que Domínguez, junto con las agentes Liliana Beatriz Sosa y María Marta Vallejos, continuó percibiendo porcentajes superiores a los que correspondían luego de que una de las jurisdicciones alcanzadas por la bonificación implementara su propio servicio administrativo.

De acuerdo con la resolución, mientras a Domínguez le correspondía percibir un 80% del beneficio, habría cobrado un 120%. En tanto, las otras dos agentes percibieron un 90% cuando les correspondía un 60%.

El Tribunal rechazó los argumentos presentados en el descargo realizado por el funcionario, quien había sostenido que continuaba realizando tareas vinculadas al organismo que dejó de formar parte del esquema de administración compartida.

Además de esta situación puntual, la resolución ordenó que una suma de $312.264.159,27 sea analizada mediante un procedimiento especial de responsabilidad administrativa. El objetivo es determinar si existieron irregularidades o posibles perjuicios económicos para el Estado provincial.

El organismo de control también dejó asentado que la Tesorería General registró durante 2024 ingresos por más de 3.451 millones de pesos y egresos por una cifra similar, cerrando el ejercicio con un saldo final de poco más de 39 mil pesos.

A partir de la apertura formal del Juicio de Cuentas, el funcionario involucrado dispondrá de un plazo de 30 días para ejercer su derecho de defensa antes de que el Tribunal emita una resolución definitiva sobre el caso.