"Falsa medica": el gobierno brindó un informe oficial detallando las actuaciones administrativas, judiciales y policiales realizadas

El Gobierno del Chaco brindó este martes un informe oficial detallando las actuaciones administrativas, judiciales y policiales realizadas tras detectarse que una mujer se habría desempeñado como médica utilizando una matrícula ajena en establecimientos sanitarios de la provincia.

La conferencia fue encabezada por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro.

Durante el anuncio, Meiriño aseguró que la gestión provincial actuó “con transparencia” desde el primer momento y remarcó que fueron autoridades sanitarias quienes impulsaron las denuncias iniciales.

Según explicaron, el 15 de abril de 2026 el director del hospital de Quitilipi, Daniel Alfredo Acuña, elevó un informe alertando que una mujer identificada como Lidia Mabel Ojeda realizaba guardias médicas utilizando la matrícula profesional N° 6822.

Tras las primeras averiguaciones, se constató que la acusada no tenía vínculo formal con el Ministerio de Salud y que la matrícula pertenecía en realidad a otro profesional médico.

A partir de esa confirmación, el Ministerio de Salud realizó una denuncia judicial por presunta estafa, mientras que el jefe de la Región Sanitaria Nº2 presentó otra denuncia por supuesta usurpación de título y honores.

Además, la cartera sanitaria inició una Información Sumaria interna para investigar posibles responsabilidades administrativas y dispuso la separación preventiva del director de la Región Sanitaria 2 y del director del hospital de Quitilipi.

Posteriormente, la Justicia ordenó allanamientos, pedido de captura nacional y la detención de la acusada.

Según informaron oficialmente, la mujer fue localizada el 27 de abril en la provincia de Buenos Aires durante un operativo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco. Finalmente, el pasado 8 de mayo fue trasladada a la provincia para quedar a disposición de la Justicia.

Desde el Ejecutivo provincial también confirmaron que el Gobierno se constituyó como querellante en la causa judicial.

“Desde el primer momento se activaron todos los mecanismos institucionales necesarios para llegar a la verdad y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia”, afirmaron durante la conferencia.