Advierten un fuerte impacto económico en el INSSSEP por cambios en los honorarios profesionales

La entrada en vigencia de la Ley 4228-C de Honorarios Profesionales encendió una fuerte polémica en Chaco. Mientras sus defensores sostienen que garantiza una remuneración justa para los abogados, las críticas apuntan a que el nuevo sistema podría encarecer el acceso a la Justicia, afectar las finanzas públicas y profundizar la crisis de organismos sensibles como el INSSSEP.

El principal cambio introducido por la normativa es la adopción de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) como referencia para calcular los honorarios profesionales. Hasta ahora, los montos se vinculaban al Salario Mínimo Vital y Móvil, una variable más cercana a la realidad económica provincial.

Con la nueva legislación, los honorarios quedan atados a parámetros definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya actualización se encuentra vinculada a los salarios del Poder Judicial Federal. Según los cuestionamientos planteados por distintos sectores, esto genera una brecha cada vez mayor entre los costos judiciales y la capacidad económica de gran parte de la población chaqueña.

Uno de los puntos más controvertidos es el establecimiento de pisos mínimos para la regulación de honorarios. De acuerdo con los cálculos difundidos por especialistas y críticos de la norma, una actuación judicial básica podría superar ampliamente los cientos de miles de pesos, mientras que determinadas medidas cautelares tendrían costos significativamente superiores.

Para quienes cuestionan la ley, esta situación convierte el acceso a la Justicia en una posibilidad cada vez más lejana para trabajadores, jubilados y sectores vulnerables, especialmente en una provincia donde los índices de pobreza y empleo informal continúan siendo elevados.

La preocupación también alcanza al sector público. Uno de los organismos más mencionados en el debate es el INSSSEP, que enfrenta de manera permanente amparos y medidas cautelares vinculadas a medicamentos, tratamientos médicos y prestaciones de salud.

Debido a que estos procesos suelen resolverse rápidamente en favor de los afiliados cuando existe riesgo para la salud, cada fallo adverso implica no solo la obligación de brindar la cobertura reclamada, sino también afrontar el pago de honorarios profesionales calculados bajo el nuevo esquema.

Los críticos advierten que esta combinación podría acelerar el deterioro financiero del instituto. Sostienen que cuanto mayores sean las demoras o incumplimientos en la prestación de servicios, más demandas recibirá el organismo y mayores serán los costos judiciales asociados.

La controversia tomó aún más fuerza tras conocerse regulaciones de honorarios millonarias en causas recientes vinculadas al Estado provincial. Entre ellas se menciona un fallo relacionado con concursos docentes que derivó en honorarios que superarían los 80 millones de pesos.

Para los sectores que rechazan la norma, estos casos representan una muestra del impacto económico que podría tener el nuevo sistema tanto para las arcas públicas como para los ciudadanos que recurren a los tribunales.

Del otro lado, quienes respaldan la ley sostienen que los honorarios profesionales deben protegerse frente a la inflación y que la actualización mediante UMA garantiza previsibilidad y una retribución acorde al trabajo jurídico.

Mientras continúa el debate, la discusión ya excede al ámbito judicial y se instaló en el centro de la agenda política provincial. La gran pregunta es si la nueva estructura arancelaria logrará equilibrar la defensa de los honorarios profesionales con el acceso efectivo a la Justicia y la sostenibilidad financiera de los organismos públicos.

Por ahora, la polémica sigue abierta.