APA exige retirar terraplenes ilegales detectados con drones sobre el canal del Río Muerto-Las Colonias

La Administración Provincial del Agua (APA) detectó una serie de taponamientos ilegales en el canal aliviador del troncal Río Muerto-Las Colonias, una infraestructura estratégica para el manejo de excedentes hídricos en el sudoeste chaqueño. Tras constatar las irregularidades, el organismo presentó una denuncia formal y exigirá la remoción inmediata de las obstrucciones.

El hallazgo fue realizado durante un relevamiento aéreo efectuado por equipos técnicos de la APA junto a los Juzgados de Paz de Samuhú y Enrique Urien. La inspección se llevó adelante mediante drones de alta precisión que permitieron verificar el estado operativo del sistema hidráulico y detectar múltiples intervenciones clandestinas.

Según explicaron desde el organismo, los terraplenes construidos ilegalmente alteran el funcionamiento del canal, dificultan el escurrimiento natural del agua y aumentan el riesgo de anegamientos en campos productivos, caminos rurales y centros poblados de la región.

Además, las obstrucciones afectan el abastecimiento y la recarga de reservorios estratégicos que proveen agua a distintas comunidades del interior provincial.

La APA adelantó que solicitará que los propios responsables retiren las estructuras construidas de manera irregular, con el objetivo de evitar que el Estado deba destinar recursos públicos para reparar daños ocasionados por acciones particulares.

Alerta ante la posible llegada de El Niño

Las autoridades señalaron que la situación adquiere especial relevancia debido a los pronósticos climáticos que anticipan una probable presencia del fenómeno El Niño durante la próxima primavera.

En ese contexto, el organismo provincial intensificó las tareas de monitoreo y control sobre la infraestructura hídrica, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y minimizar riesgos ante eventuales precipitaciones superiores a lo normal.

Desde la APA advirtieron que mantendrán una política estricta frente a este tipo de intervenciones ilegales y confirmaron que, además de la remoción obligatoria de los taponamientos, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas y acciones judiciales.