Biodiésel: crece la disputa entre las grandes exportadoras y las pymes por el nuevo esquema

La discusión por la nueva Ley de Biocombustibles suma tensión y tiene al biodiésel como uno de los principales puntos de conflicto. Mientras las grandes empresas aceiteras y exportadoras reclaman poder participar del mercado interno, las pequeñas y medianas industrias regionales advierten que una apertura en esas condiciones podría concentrar la actividad en el polo agroindustrial de Santa Fe.

El debate volvió a tomar fuerza luego de que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) difundieran un comunicado en respaldo al proyecto que impulsa el oficialismo en el Congreso.

Las entidades sostienen que permitir el ingreso de las grandes industrias al mercado local generaría mayor competencia, nuevas inversiones y más empleo. También plantean que una mayor participación del biodiésel podría contribuir a reducir los costos asociados al gasoil, un insumo clave para sectores como el agropecuario.

Uno de los argumentos centrales de CIARA y CARBIO es que Argentina cuenta con una importante capacidad industrial instalada que actualmente no puede aprovecharse plenamente en el mercado interno. Según las cámaras, el país tiene una posición destacada en la producción y exportación de aceite de soja y dispone de una industria de biodiésel con capacidad que permanece parcialmente ociosa.

Además, remarcaron que el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil argentino se encuentra actualmente en torno al 7,5%, mientras que otros países competidores utilizan porcentajes superiores.

El reclamo de las pymes regionales

Del otro lado de la discusión se encuentra la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que cuestiona la posibilidad de que las grandes aceiteras puedan competir directamente por el mercado interno.

Las empresas regionales sostienen que no existe igualdad de condiciones entre una planta ubicada en provincias como La Pampa, San Luis, Entre Ríos o Buenos Aires y las grandes industrias instaladas en el corredor agroexportador del Gran Rosario.

El argumento principal es que las compañías vinculadas al complejo aceitero santafesino cuentan con ventajas estructurales relacionadas con el acceso a la materia prima, la infraestructura, la logística, la escala de producción y la cercanía con los puertos.

Por eso, desde CEPREB consideran que dividir a las empresas únicamente entre industrias “integradas” y “no integradas” no alcanza para reflejar las diferencias reales de competitividad dentro del sector.

La entidad propone que el nuevo esquema reconozca la ubicación geográfica de las plantas como uno de los factores determinantes y establezca una segmentación regional que permita mantener la actividad y el empleo generado en distintas provincias.

Una discusión que traba el proyecto

La disputa por el biodiésel se convirtió así en uno de los principales obstáculos para avanzar con un dictamen sobre la nueva normativa de biocombustibles.

Mientras existe mayor consenso alrededor de los cambios para el bioetanol, el futuro del biodiésel continúa generando posiciones enfrentadas entre los distintos actores de la cadena.

CIARA y CARBIO pidieron a los senadores alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar con el proyecto y utilizaron una particular comparación para defender el aprovechamiento de la capacidad industrial disponible: “Saquemos a Messi del banco para que juegue todos los partidos del torneo nacional”.

Las pymes, en cambio, sostienen que abrir el mercado sin contemplar las diferencias regionales podría terminar desplazando a empresas que durante años invirtieron y generaron empleo fuera del principal polo agroindustrial del país.

Inversión, competencia y reglas de juego

La CEPREB también marcó distancia de la idea de conservar sin cambios el régimen actual. La cámara asegura que las pymes no buscan mantener precios regulados ni cupos individuales, sino establecer un esquema competitivo en el que participen empresas con condiciones estructurales comparables.

En ese sentido, plantean que el nuevo marco debería garantizar reglas previsibles para las industrias que realizaron inversiones bajo la legislación vigente.

El sector recuerda que la Ley 27.640 estableció un régimen regulatorio con vigencia hasta 2030 y sostiene que cualquier modificación debe contemplar las inversiones realizadas durante ese período.

El debate, de esta manera, excede la discusión sobre quiénes podrán vender biodiésel en el mercado argentino. En juego aparecen también el futuro de las industrias regionales, la concentración de la producción, el empleo en las provincias y el modelo de competencia que tendrá el sector durante los próximos años.

Mientras el Congreso busca avanzar con una nueva legislación, las posiciones siguen enfrentadas y el biodiésel continúa siendo el principal punto de tensión para alcanzar un acuerdo.