Bosque nativo en pausa: legisladores exigen a la Justicia una definición que devuelva previsibilidad al Chaco.

La falta de una definición judicial sobre la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo mantiene al Chaco en un escenario de incertidumbre que impacta tanto en la protección ambiental como en la actividad productiva. La norma, suspendida por una medida cautelar, continúa sin aplicación plena mientras se aguarda un pronunciamiento de fondo que determine su constitucionalidad.

Este “limbo jurídico”, como lo definen distintos sectores políticos, deja a la provincia sin un marco claro para regular el uso del bosque nativo, una herramienta clave para equilibrar conservación, desarrollo económico y control del territorio. En ese contexto, legisladores provinciales reclamaron públicamente una resolución urgente por parte del Poder Judicial.

El diputado Iván Gyoker, presidente del bloque Chaco Puede, rechazó los cuestionamientos sobre la legalidad de la ley y defendió el proceso que derivó en su sanción. Según sostuvo, la normativa fue elaborada con participación, criterios técnicos y fundamentos jurídicos sólidos, por lo que descartó que existan vicios de inconstitucionalidad.

Desde su mirada, la prolongación de la medida cautelar dejó de ser una instancia preventiva para transformarse en un obstáculo que paraliza decisiones productivas y genera inseguridad jurídica. “Hoy el Chaco funciona sin reglas claras para el uso y control del bosque nativo”, advirtió, al remarcar que miles de familias dependen directa o indirectamente de actividades que requieren previsibilidad normativa.

Gyoker también señaló que la falta de una definición desalienta inversiones, frena proyectos productivos y afecta tanto a pequeños productores como a actores de mayor escala. En ese sentido, reclamó al Superior Tribunal de Justicia que asuma la responsabilidad institucional de resolver el planteo de fondo y cerrar un debate que considera central para el futuro provincial.

En la misma línea se expresó la diputada Laura Bisonni, quien defendió la ley como una herramienta de orden y control, basada en mapas técnicos y criterios científicos que delimitan zonas de protección y áreas habilitadas para la producción. Para la legisladora, la ausencia de reglas claras favorece el descontrol y no garantiza una mejor protección ambiental.

Bisonni recordó que la iniciativa fue debatida en la Legislatura con participación de distintos sectores y con respaldo de universidades, especialistas y organismos nacionales como el INTA. A su entender, la suspensión de la norma no solo afecta al ambiente, sino también al empleo privado y a la economía chaqueña.

Ambos legisladores coincidieron en que mantener indefinidamente la cautelar no beneficia a ningún sector y termina perjudicando al Estado, a los productores responsables y al propio ecosistema. La definición judicial, sostienen, es clave para restablecer un equilibrio entre producción y conservación, con reglas claras y control efectivo.