Chaco aprobó un presupuesto de $4,4 billones para 2026 y proyecta un leve superávit financiero.
- chacoenalta

- 1 dic 2025
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La provincia del Chaco promulgó oficialmente el Presupuesto General 2026, que quedó establecido mediante la Ley 4194-F, publicada por el Poder Ejecutivo tras su aprobación en la Legislatura. El cálculo financiero —el principal instrumento de planificación económica del Estado— fija un total de $4.407,7 billones en gastos para el próximo ejercicio fiscal y plantea un escenario de recursos que permitiría cerrar el año con un superávit financiero marginal.

La norma ordena la distribución del gasto entre los poderes del Estado, incorpora previsiones de obra pública, fija la planta de personal y detalla el esquema de financiamiento que utilizará la provincia para sostener sus compromisos durante 2026.
Cómo se distribuye el gasto: el Ejecutivo concentra más del 80%
El artículo 1 de la ley establece un presupuesto total de$4.407.713.468.845, destinados a la administración pública provincial no financiera. La estructura del gasto queda distribuida de la siguiente forma:
Poder Ejecutivo: $3,7 billones
Poder Judicial: $267.262 millones
Poder Legislativo: $97.821 millones
Organismos descentralizados: $275.067 millones
La mayor parte de los recursos se destina al funcionamiento operativo del Estado. Las erogaciones corrientes, como salarios, bienes y servicios, alcanzan $3,71 billones. En tanto, las erogaciones de capital, vinculadas a obra pública e inversiones en infraestructura, ascienden a $693.554 millones.
Ingresos, financiamiento y proyección de superávit
El artículo 2 estima recursos totales por $4.407,8 billones, compuestos por:
$4.228.555 millones en recursos corrientes (recaudación tributaria, coparticipación, tasas y fondos específicos).
$179.314 millones en recursos de capital.
Con este esquema, el Presupuesto 2026 proyecta un superávit financiero de $156,5 millones, según el artículo 4, que será aplicado a las Fuentes y Aplicaciones Financieras del ejercicio.
Para cerrar el esquema anual, la provincia prevé la utilización de $385.566 millones en fuentes financieras, que incluyen:
Endeudamiento público: $77.971 millones
Emisión de Letras del Tesoro: $140.000 millones
Aumento de cuentas por pagar: $167.649 millones
El plan también contempla aplicaciones financieras por $385.723 millones, principalmente destinadas a:
Amortización de deuda: $138.123 millones
Cancelación de deuda de corto plazo: $192.000 millones
Aumento de cuentas a cobrar: $55.600 millones
Planta de personal: se fija un máximo de 74.626 cargos
Uno de los puntos clave del Presupuesto 2026 es la definición de la planta de personal. El artículo 6 establece un total de 74.626 cargos, discriminados en:
68.814 empleados permanentes
5.812 empleados temporarios
282.623 horas cátedra
Del total, el Poder Ejecutivo concentra 63.546 cargos, seguido por el Judicial con 4.219 y el Legislativo con 2.272.El artículo 7 establece una prohibición expresa: serán nulas todas las designaciones que se hagan sin contar con vacantes y sin crédito presupuestario disponible.
Presupuesto ambiental: más de $35.400 millones
En cumplimiento de la Ley 3687-A, el presupuesto incorpora por segundo año consecutivo una “etiqueta ambiental”, que distribuye $35.493 millones entre áreas vinculadas a infraestructura, ambiente y producción. Entre las asignaciones principales se destacan:
Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos: $25.353 millones
Ministerio de Gobierno: $6.813 millones
Producción y Desarrollo Económico Sostenible: $1.953 millones
Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias: $729 millones
Administración Provincial del Agua: $644 millones
El artículo 24 habilita al Ejecutivo a realizar modificaciones en función de necesidades operativas.
Un presupuesto en un año económico incierto
El Presupuesto 2026 se aprueba en un contexto nacional de fuerte reconfiguración fiscal, con provincias ajustando gastos, revisando deudas y buscando sostener la obra pública en un escenario sin financiamiento nacional garantizado.
En ese marco, el Chaco apuesta a un presupuesto con equilibrio financiero, metas de contención del gasto y un componente moderado de obra pública, pero con un volumen significativo destinado a servicios esenciales, seguridad, educación y salud.
Desde el Ejecutivo destacan que se trata de un esquema “realista y prudente”, diseñado para un año que podría presentar desafíos en materia inflacionaria, recaudatoria y de financiamiento.









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