Chaco aprueba ley para limitar uso de celulares en cárceles

La Legislatura de Chaco ha aprobado, este miércoles, una ley que restringe el uso de teléfonos celulares e internet dentro de los centros penitenciarios de la provincia. La medida, conocida como ley 3797-J, tiene como objetivo principal prevenir actividades delictivas como estafas y secuestros virtuales que se originan desde el interior de las cárceles.

La aprobación de esta ley ha generado una fuerte reacción por parte del Comité para la Prevención de la Tortura y la Defensoría General de la Provincia que, respaldados por la firma de 800 presos chaqueños, presentaron una acción de hábeas corpus colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia, argumentando que la norma vulnera el derecho a la comunicación de los detenidos y solicitando, en última instancia, la declaración de su inconstitucionalidad.

Impulsada por el diputado radical Livio Gutiérrez, la iniciativa busca proteger especialmente a aquellos que trabajan fuera de los establecimientos penitenciarios y a sus familias, quienes podrían ser víctimas de delitos perpetrados desde dentro de las cárceles a través de las redes sociales. Gutiérrez aseguró que, la ley pretende evitar que “revivan cuestiones delictuales sufridas por las familias debido a la comunicación desde las cárceles de Chaco”.

La ley 3797-J no solo limita el uso de celulares y de internet en los centros de detención, sino que también impulsa la instalación de teléfonos públicos para asegurar el derecho a la comunicación de los internos. Cada llamada realizada desde estos dispositivos comienza con un mensaje pregrabado que informa sobre el establecimiento desde el cual se realiza la llamada, buscando así mantener un mayor control y transparencia en la comunicación de los reclusos.