Chaco consolida el trabajo con Nación en materia de derechos y asistencia jurídica
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El Gobierno del Chaco y el Ministerio de Justicia de la Nación avanzan en una agenda conjunta orientada a fortalecer el sistema judicial, ampliar el acceso a derechos y brindar nuevas herramientas de protección para los sectores más vulnerables de la sociedad.
En ese marco, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia, Carim Peche, recibió a autoridades nacionales para coordinar acciones destinadas a optimizar el funcionamiento de la justicia y fortalecer las capacidades institucionales en distintas áreas.

Del encuentro participaron el director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA, Martín Cardone; la directora Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, Jacqueline Jalabert; la subsecretaria de Justicia, Elina Nicoloff; y el subsecretario de Trabajo, Francisco Romero Castelán.
Durante la reunión se analizaron programas de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento para fortalecer la gestión judicial en la provincia, con especial énfasis en herramientas vinculadas a la persecución penal estratégica del microtráfico, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de los procesos de investigación.

Entre los principales ejes abordados se destacó el fortalecimiento del ámbito penal mediante capacitaciones especializadas para fiscales, jueces y fuerzas de seguridad, además de mecanismos de monitoreo y evaluación destinados a optimizar la respuesta institucional frente a distintos tipos de delitos.
Asimismo, se avanzó en iniciativas relacionadas con la justicia restaurativa juvenil y la lucha contra los ciberdelitos. En ese sentido, se analizaron propuestas orientadas a mejorar las capacidades de investigación digital, promover la adecuación a estándares internacionales y fortalecer las herramientas disponibles para combatir delitos informáticos.
Otro de los aspectos centrales estuvo vinculado a la protección integral de personas en situación de vulnerabilidad. Las autoridades repasaron programas de asistencia interdisciplinaria para víctimas de violencia y delitos federales, además de acciones impulsadas por el Programa Nacional de Lucha Contra la Criminalidad (PRONALCI), que incorpora herramientas tecnológicas para la supervisión de medidas cautelares y la prevención del delito.
También se destacó el trabajo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y del programa ADAJUS, iniciativas que buscan eliminar barreras de acceso al sistema judicial y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todos los ciudadanos.
Desde ambas jurisdicciones coincidieron en la importancia de sostener una agenda articulada que permita modernizar el sistema de justicia, mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar derechos y promover una mayor inclusión social.










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