Chaco: impulsan un programa para frenar la violencia escolar y el bullying

Con el objetivo de fortalecer la convivencia en las escuelas y abordar de manera más eficaz los conflictos entre estudiantes, la Legislatura de Chaco analiza un proyecto que propone ordenar y unificar las políticas contra la violencia escolar en toda la provincia.

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Noemí Delgado, y plantea la creación de un Programa Integral de Convivencia Escolar bajo la órbita del Ministerio de Educación del Chaco.

El eje central del proyecto es articular herramientas que ya existen pero que actualmente funcionan de manera dispersa, con el fin de mejorar la prevención y la respuesta ante situaciones de bullying, violencia entre pares y conflictos derivados del uso de entornos digitales.

A diferencia de otras propuestas, la iniciativa no contempla la creación de nuevas estructuras administrativas, sino que busca optimizar los recursos vigentes mediante una coordinación más eficiente entre áreas clave como educación, salud, seguridad y organismos de protección de derechos.

Entre los puntos destacados, se prevé la implementación de un canal institucional de información y orientación para la comunidad educativa, así como instancias de revisión y actualización de la normativa vigente en materia de convivencia escolar.

Además, el proyecto pone especial énfasis en la formación y sensibilización de estudiantes, docentes, directivos y familias, promoviendo su participación activa en la construcción de entornos educativos más seguros e inclusivos.

Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación del principio de corresponsabilidad, que establece un rol activo de las familias en los procesos de intervención, junto con la garantía de que niñas, niños y adolescentes sean escuchados en las situaciones que los involucren.

De aprobarse, el programa será implementado por el Ministerio de Educación, que también tendrá a su cargo la evaluación y mejora continua de la iniciativa. El texto establece un plazo de 90 días para su reglamentación una vez promulgada la ley.