Crisis nacional: el país siente preocupación sobre la situación de la canasta básica en los hogares

Un informe reciente encendió señales de alarma sobre la situación social en Argentina: más de la mitad de los hogares no logra cubrir la canasta básica alimentaria, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, la inflación persistente y el aumento del endeudamiento para poder comer.

De acuerdo a un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), correspondiente a abril de 2026, el 56,8% de las familias no pudo garantizar el acceso pleno a los alimentos. El dato refleja un deterioro profundo en las condiciones de vida y expone una realidad cada vez más extendida en distintos sectores sociales.

La crisis no solo se traduce en dificultades económicas, sino también en cambios concretos en la alimentación diaria. Más de la mitad de los encuestados (52,8%) reconoció haber reducido la cantidad de comidas por falta de recursos, mientras que un 11,4% atravesó situaciones de hambre o debió limitar su ingesta a una sola comida al día.

El informe también pone en evidencia el creciente peso del endeudamiento en la vida cotidiana. Apenas el 11% de los hogares logró evitar recurrir a financiamiento para comprar alimentos. El resto debió apelar a alternativas como compras fiadas (39,6%), uso de tarjetas de crédito (37,9%) o préstamos (10,5%), lo que configura un escenario de fuerte fragilidad económica.

En paralelo, los datos macroeconómicos profundizan este panorama. En lo que va de 2026, la inflación acumulada alcanza el 12,1%, mientras que los alimentos registraron un aumento del 13,9%. A nivel interanual, los precios subieron más del 32%, superando incluso la evolución general de los ingresos.

Este desfasaje impacta directamente en los umbrales de pobreza. En abril, una familia tipo necesitó $1.876.722 para no ser considerada pobre y al menos $1.029.591 para no caer en la indigencia, cifras que reflejan el encarecimiento sostenido del costo de vida.

Otro dato relevante es la creciente dependencia de la asistencia estatal. Entre quienes lograron cubrir la canasta básica, el 71,4% lo hizo con algún tipo de ayuda pública, lo que evidencia el rol clave de las políticas sociales en un contexto de crisis.

Lejos de tratarse de una mejora, la desaceleración de la inflación responde, en gran medida, a una caída del consumo. La falta de ingresos limita la capacidad de compra y obliga a las familias a recortar gastos esenciales, consolidando un escenario donde la estabilidad de precios no se traduce en bienestar.

Así, el informe advierte sobre una tendencia preocupante: el acceso a la alimentación dejó de depender exclusivamente de los ingresos y pasó a sostenerse cada vez más en el endeudamiento y la asistencia, lo que profundiza la vulnerabilidad social y pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de argentinos.