Cristina Kirchner: prisión efectiva, inhabilitación perpetua y un nuevo escenario político tras el fallo de la Corte.
- chacoenalta
- 10 jun
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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo, que descarta cualquier posibilidad de apelación en el plano nacional, marca un punto de inflexión judicial y político en la historia reciente del país.
El Tribunal Oral Federal N°2 ya solicitó al Ministerio de Seguridad que disponga un lugar para su detención, y citó a la expresidenta a presentarse en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación oficial. Sin embargo, por tener más de 70 años, la exmandataria podría solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, decisión que quedará en manos del mismo tribunal que la condenó.
Pese a la firmeza de la sentencia en el ámbito interno, la defensa de Kirchner anunció que acudirá a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde podría buscar revertir el fallo alegando persecución política y lawfare.
El impacto político es inmediato: Cristina queda inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, lo que la excluye de su intención de competir como candidata a diputada bonaerense. No obstante, podrá seguir presidiendo el Partido Justicialista, dado que no se trata de un cargo institucional.
El oficialismo, por su parte, se reconfigura. La ausencia de la figura de Kirchner en el tablero electoral altera la estrategia del gobierno de Javier Milei, que encontraba en ella un adversario útil para cohesionar su frente político. En la provincia de Buenos Aires, el peronismo deberá redefinir sus candidaturas de cara a las elecciones de septiembre.
El fallo de la Corte concluye que existió perjuicio económico al Estado mediante el direccionamiento de la obra pública en favor de empresas vinculadas a Lázaro Báez, con participación directa de la expresidenta. La decisión judicial afirma que la entonces jefa de Estado previó y permitió el desvío de fondos públicos, actuando en perjuicio de la administración pública.
La única vía que podría modificar su situación legal sería un indulto presidencial o una resolución favorable de un tribunal internacional. Mientras tanto, la política argentina entra en una nueva etapa.
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