Denuncia por presuntas irregularidades financieras sacude al municipio de Sáenz Peña.

El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal para que se investiguen las operaciones financieras realizadas por el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, que —según indicó— podrían haber generado pérdidas superiores a los 1.000 millones de pesos.

La presentación judicial apunta a colocaciones efectuadas a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, que habrían derivado en resultados económicos negativos.

Presupuesto deficitario y origen de los fondos

Uno de los ejes centrales de la denuncia es que el municipio aprobó los presupuestos 2025 y 2026 con déficit, es decir, con gastos previstos superiores a los recursos disponibles.

En ese contexto, el legislador planteó un interrogante clave:¿De dónde salieron los fondos para realizar estas inversiones financieras?

Desde el Ejecutivo municipal se mencionó la existencia de “remanentes” o saldos disponibles. Sin embargo, la denuncia sostiene que en un presupuesto deficitario esos fondos deben estar debidamente identificados, contabilizados y certificados como libres y disponibles.

La causa buscará determinar si esos remanentes existían efectivamente, en qué cuentas estaban depositados y quién autorizó su utilización.

Legalidad y responsabilidades

Otro punto señalado es si el presupuesto municipal contemplaba expresamente la posibilidad de invertir fondos públicos en instrumentos financieros de riesgo.

Además, se solicita esclarecer:

• Quién tomó la decisión de realizar las inversiones.

• Quién las autorizó formalmente.

• Qué organismo debía ejercer el control de la operatoria.

Según el planteo, si las autoridades conocían el riesgo y avanzaron igualmente, podría tratarse de una decisión imprudente; si no conocían el destino o el riesgo de los fondos, podría encuadrarse como negligencia grave en la administración de recursos públicos.

“Cuando se pierde dinero público no puede haber silencio ni evasivas. Hay responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales. La sociedad tiene derecho a saber qué pasó, quién decidió y quién responde”, afirmó Pérez Pons.

Qué sigue en la causa

Ahora la investigación deberá analizar documentación presupuestaria, actos administrativos y registros contables para determinar si existieron irregularidades y si se incumplieron normas de administración financiera.

El legislador sostuvo que el objetivo es garantizar transparencia y claridad en el manejo de fondos públicos.