Deuda en dólares y pagos millonarios: el debate por el bono que condiciona las cuentas del Chaco.

El diputado provincial Joaquín García se refirió al escenario financiero que atraviesa la provincia y puso el foco en el impacto que generan los vencimientos del Bono Internacional emitido en 2016 por 250 millones de dólares.

Según explicó, esa herramienta financiera —destinada originalmente al pago de sentencias judiciales durante la gestión de Domingo Peppo— fue posteriormente reestructurada y hoy implica pagos anuales cercanos a los 80 millones de dólares, con vencimientos semestrales que condicionan la capacidad de maniobra presupuestaria del Estado provincial.

“En la Legislatura no podemos discutir con consignas vacías ni chicanas mediáticas. Hay números concretos y deudas que la provincia debe afrontar”, sostuvo el legislador, al remarcar la necesidad de debatir con datos.

García precisó que este mes se abona la quinta cuota del esquema vigente y que, desde el inicio de la actual gestión, se habrían pagado cerca de 200 millones de dólares. En ese sentido, afirmó que ni la gestión que emitió el bono ni la que la sucedió abonaron capital, por lo que los vencimientos recaen en la administración actual, que decidió cumplir para evitar el default.

El diputado también comparó la situación con la de otras provincias que enfrentaron cesación de pagos, como La Rioja, y advirtió sobre las consecuencias financieras, judiciales y reputacionales que puede implicar esa decisión.

En paralelo, destacó medidas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero, entre ellas la reapertura de la Escuela de Policía con el egreso de 1.000 agentes, inversiones en seguridad, mejoras edilicias y equipamiento en hospitales y centros de salud, titularización docente y el avance de la Ruta Provincial 13.

Asimismo, remarcó la reducción del impuesto sobre los Ingresos Brutos al 2,9% desde el 1 de enero de 2026, lo que —según indicó— posiciona a la provincia entre las de menor presión fiscal del país.

Finalmente, García subrayó la necesidad de construir consensos legislativos para avanzar en herramientas que permitan sostener el ordenamiento financiero. “No hay soluciones mágicas ni atajos. Hay decisiones difíciles que requieren honestidad, responsabilidad y diálogo político”, concluyó.