Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y abre un nuevo escenario para la actividad minera

En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, en una votación que reflejó el respaldo de sectores clave al oficialismo y reconfigura el marco regulatorio para la actividad minera en el país.

La iniciativa fue sancionada con 137 votos a favor y 111 en contra, luego de que el oficialismo lograra reunir el quórum necesario con el acompañamiento de bloques como el PRO, la UCR y espacios provinciales. Con esta mayoría, el Gobierno consiguió avanzar con una modificación que, según sostienen desde la Casa Rosada, permitirá impulsar inversiones en el sector minero bajo un esquema de desarrollo considerado “sustentable”.

El tratamiento legislativo se dio en un clima menos tenso de lo esperado. A lo largo de la jornada, varios legisladores oficialistas optaron por reducir sus intervenciones, confiados en contar con los votos necesarios para la aprobación. Esta estrategia de bajo perfil se mantuvo hasta el momento de la votación, donde finalmente se confirmó el resultado favorable.

Uno de los momentos que marcó la sesión fue la presencia en el recinto de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien siguió el tramo final del debate desde uno de los palcos. Su llegada fue interpretada como una señal de respaldo político en un contexto donde el oficialismo ya daba por asegurado el triunfo legislativo.

Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma argumentando que es posible compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo económico. En esa línea, remarcaron que la nueva normativa busca generar condiciones para potenciar las economías regionales, especialmente en provincias con fuerte presencia de recursos naturales.

Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes cuestionamientos. Legisladores de distintos espacios advirtieron que la reforma podría implicar un retroceso en materia ambiental y facilitar el avance de proyectos mineros en zonas sensibles. También se plantearon dudas sobre la participación de sectores privados en la elaboración de la iniciativa y el impacto que podría tener sobre organismos técnicos encargados del control.

El debate dejó en evidencia una profunda división política en torno al modelo de desarrollo productivo y el equilibrio entre explotación de recursos y protección ambiental. Mientras el oficialismo celebra la aprobación como un paso clave para atraer inversiones, sectores opositores y ambientalistas anticipan un escenario de conflicto y judicialización.

Con la sanción definitiva, la reforma de la Ley de Glaciares abre una nueva etapa en la política ambiental y productiva del país, con consecuencias que comenzarán a verse en los próximos meses a medida que se implementen los cambios aprobados.