El ex gobernador Jorge Capitanich nuevamente ante la justicia

El Fiscal Federal de Sáenz Peña ha solicitado la imputación de un grupo de empresarios y exfuncionarios, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas al manejo de tierras fiscales en la provincia del Chaco. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la actual titular del Instituto de Tierras, anteriormente conocido como Instituto de Colonización.

Las personas investigadas enfrentan acusaciones que incluyen fraude en perjuicio de la administración pública, lavado de activos de origen delictivo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y malversación de fondos públicos.

El pedido de imputación, contenido en un escrito de 77 páginas, detalla los hechos bajo investigación y las pruebas recolectadas hasta el momento. En el documento, el fiscal Carlos Amad subraya la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de lo que describe como "un entramado de conductas delictivas", vinculando las maniobras investigadas con el presunto lavado de activos y otras prácticas ilícitas.

"La Dra. Marilín Canata expuso una serie de hechos ilícitos que involucran a funcionarios de altos cargos públicos, así como a familiares y allegados, quienes habrían actuado de forma organizada y sostenida en el tiempo. Aprovechándose del poder que ejercían, habrían dispuesto de tierras fiscales provinciales y obtenido beneficios económicos a través de convenios y decretos del poder ejecutivo, facilitando así el desmonte de grandes extensiones de tierras en perjuicio del medio ambiente", sostiene Amad en el escrito.

Entre los imputados solicitados por el fiscal figuran los empresarios Mauricio Ariel Cian, Nelson Ariel Pochón y Diego Soneira, junto a Federico Storti, Federico Gabriel Soneira, Leandro Nicolás Bessone, Darío Giménez Osvaldo, Jorge Milton Capitanich, Sheina Waicman y Marta Soneira.

La investigación continúa su curso mientras la Justicia analiza las pruebas presentadas, en una causa que podría tener implicancias políticas y económicas significativas para la provincia.