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El Gobierno adjudicó la Hidrovía a Jan de Nul una empresa belga y será una de las mayores privatizaciones de la era Milei

  • hace 56 minutos
  • 2 Min. de lectura

El Gobierno nacional confirmó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan de Nul, en una decisión que representa una de las privatizaciones más importantes impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei.

La compañía europea será la encargada de operar durante los próximos 25 años el principal corredor fluvial del país, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y gran parte del comercio regional del Mercosur.



La definición se produjo luego de la etapa final de la licitación internacional, en la que Jan de Nul compitió con la también belga DEME. Según trascendió, la firma ganadora obtuvo una mejor puntuación integral tras la evaluación técnica y económica realizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.



La denominada Vía Navegable Troncal conecta los puertos del río Paraná y del Río de la Plata con el océano Atlántico y es considerada estratégica para la economía nacional. El nuevo esquema contempla tareas de dragado, balizamiento, mantenimiento e inversiones millonarias destinadas a mejorar el calado y aumentar la capacidad operativa del sistema portuario argentino.



Además, el contrato prevé ingresos anuales superiores a los 600 millones de dólares a través del cobro de peajes a las embarcaciones que utilizan el corredor fluvial.

Desde el oficialismo sostienen que la concesión permitirá modernizar la infraestructura y reducir costos logísticos para potenciar las exportaciones. Sin embargo, el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos y denuncias por presuntas irregularidades.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió sobre posibles problemas en la confección de los pliegos, falta de estudios de impacto ambiental integrales y observaciones vinculadas a mecanismos de transparencia y control.

En paralelo, sectores opositores reclamaron una mayor participación ciudadana y exigieron controles ambientales más estrictos antes de avanzar con la adjudicación definitiva.

A pesar de las críticas, el Ejecutivo avanzó con la concesión y consolidó uno de los proyectos más relevantes de su plan de desregulación económica y apertura al capital privado.

 
 
 

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