El Gobierno apuntó contra “grupos de tarea” tras los incidentes en la marcha universitaria

Luego de los enfrentamientos frente al Congreso durante la quinta Marcha Federal Universitaria, funcionarios de Javier Milei denunciaron una presunta organización detrás de los disturbios y defendieron la política presupuestaria oficial. La jornada terminó con diez heridos y al menos 31 detenidos.

El Gobierno nacional cuestionó los incidentes registrados este jueves durante la quinta Marcha Federal Universitaria y calificó los hechos de violencia como un ataque a la democracia. Tras los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del Congreso, funcionarios de la administración de Javier Milei apuntaron contra presuntos grupos organizados y defendieron la postura oficial frente al reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, fue uno de los principales voceros de esa posición. En declaraciones radiales, sostuvo que los episodios violentos responderían a la acción de grupos que, según afirmó, actuarían de manera recurrente.

“Estos son grupos de tarea, está claro que hay organización”, manifestó el funcionario, quien vinculó los disturbios con ataques a las instituciones democráticas. También defendió el accionar del Gobierno en materia de seguridad y sostuvo que las manifestaciones deben desarrollarse dentro de los límites de la ley.

Los incidentes se produjeron después del acto central de la movilización, frente a un Congreso que permanecía vallado. Según las crónicas de la jornada, hubo empujones, lanzamiento de piedras e intentos de derribar las vallas, además de daños en el espacio público. Las columnas universitarias habían convocado a reclamar por la educación pública, la democracia y la soberanía nacional.

La disputa por el financiamiento universitario

Más allá de los enfrentamientos, el principal eje de la movilización fue el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso y ratificada después de que el Poder Legislativo rechazara el veto presidencial.

Torrendell defendió la postura del Ejecutivo y aseguró que el Gobierno considera estar cumpliendo con las disposiciones judiciales vinculadas al financiamiento. Según explicó, la discusión continúa en los tribunales y la asignación de recursos debe contemplar las posibilidades presupuestarias y el mantenimiento del superávit fiscal.

El funcionario también sostuvo que el Congreso debe establecer de dónde provendrán los fondos destinados a las universidades y cuestionó la administración de los recursos educativos de gestiones anteriores.

En relación con los hospitales universitarios, afirmó que las partidas previstas registraron un incremento nominal significativo respecto de 2023. Sin embargo, ese dato fue presentado por el funcionario en términos nominales, sin que ello permita establecer por sí solo la evolución de los recursos en términos reales, descontada la inflación.

Santilli repudió los destrozos y cuestionó a la oposición

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también se pronunció sobre los episodios y condenó a quienes participaron de los hechos violentos. En declaraciones radiales, calificó a algunos de los involucrados como “delincuentes, violentos y energúmenos” y sostuvo que quienes provocaron destrozos no estaban manifestándose por la educación universitaria.

Santilli defendió además la respuesta oficial frente al reclamo presupuestario y afirmó que el Gobierno cumplió con una medida cautelar de la Justicia, mientras otros aspectos de la controversia continúan en discusión judicial.

El funcionario también atribuyó a sectores de la oposición una intención política detrás de las protestas y vinculó el conflicto con la disputa por el rumbo del Gobierno nacional.

Heridos y detenidos tras los enfrentamientos

De acuerdo con el balance difundido sobre los incidentes, la jornada dejó diez personas heridas y al menos 31 detenidas, entre ellas dos menores de edad.

Además, se reportaron ocho integrantes de fuerzas federales lesionados: cuatro efectivos de Gendarmería Nacional, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval, quienes habrían sufrido heridas por el impacto de elementos contundentes.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que preparaban una denuncia penal contra las personas involucradas en los disturbios por presuntos delitos que incluyen resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

Mientras el Gobierno puso el foco en los hechos de violencia y defendió su política presupuestaria, el movimiento universitario mantiene el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento. La controversia combina así dos discusiones centrales: el desarrollo de las protestas en el espacio público y el alcance de las obligaciones del Estado nacional respecto de las universidades públicas.