El Gobierno cerró el primer semestre con el mayor nivel de gasto en una década.

A pesar del gasto récord, el superávit fiscal se sostiene gracias a ingresos extraordinarios. El Ejecutivo analiza cómo mantener el equilibrio en la segunda mitad del año.

En un contexto de tensión presupuestaria y ajuste fiscal, el Gobierno Nacional cerró el primer semestre de 2025 con el nivel de gasto más alto desde 2015. La ejecución presupuestaria alcanzó el 45% en junio, superando en cinco puntos el promedio histórico para esta etapa del año.

Si bien el gasto se mantiene, por ahora, dentro del marco presupuestario vigente, el ritmo acelerado de las erogaciones anticipa posibles desajustes para fin de año. El Ejecutivo deberá decidir entre ampliar los créditos presupuestarios o moderar el gasto en lo que resta del 2025.

Este fenómeno se da en un año atravesado por fuertes medidas de ajuste, especialmente en el sistema previsional. Paradójicamente, esas reformas no evitaron el incremento del gasto, que tiende a acelerarse aún más en el segundo semestre.

El Presupuesto 2025, prorrogado del ejercicio anterior, ya fue modificado varias veces. La Decisión Administrativa 3/25 introdujo los primeros ajustes; luego, el DNU 186/25 recortó partidas por $8.075 millones. En contrapartida, la Decisión Administrativa 10/25 autorizó un aumento de crédito por $24.800 millones, mientras que el DNU 425/25 incrementó recursos en $43,86 billones y gastos en $31,39 billones.

Pese al incremento del gasto, la Administración Pública Nacional (APN) mostró superávit fiscal: $13,93 billones financieros y $19,03 billones primarios durante el primer semestre. Sin embargo, estos números fueron apuntalados por ingresos excepcionales provenientes de utilidades giradas por el Banco Central en abril.

Excluyendo esos ingresos, el superávit se reduce a $1,64 billones (financiero) y $6,73 billones (primario), aunque ambos siguen en terreno positivo. En términos relativos, el resultado financiero sin ingresos extraordinarios equivale al 2,3% de los ingresos totales del Estado.

Comparado con el mismo período de 2024, esto representa una mejora de 1,5 puntos porcentuales. Y si se lo enfrenta con 2023, cuando el déficit financiero alcanzaba el 34,5% de los ingresos, el contraste evidencia un cambio estructural en la política fiscal del Gobierno.

Aun así, el desafío de sostener ese equilibrio sin auxilio del Banco Central ni recursos excepcionales marca el gran interrogante de cara al segundo semestre.