El intento del PJ–CER de intervenir en las tarifas frenó la ordenanza para regular Uber y Didi en Resistencia.

La esperada regulación del transporte privado por aplicaciones en la ciudad de Resistencia no logró avanzar en el Concejo Municipal, luego de una sesión marcada por diferencias políticas sobre el alcance de la ordenanza.

El proyecto, que buscaba establecer un marco normativo para plataformas como Uber y Didi, había sido impulsado con el objetivo central de mejorar la seguridad de los pasajeros, sin intervenir en el esquema de tarifas, tal como se había planteado en instancias previas de debate.

Sin embargo, durante la Sesión N°41 del Concejo, no se alcanzó el consenso necesario para su tratamiento definitivo. Así lo confirmó el presidente del cuerpo deliberativo, Alejandro Aradas, quien señaló públicamente que el bloqueo se produjo por la postura de los bloques PJ y CER, que propusieron incorporar modificaciones vinculadas al control del valor de las tarifas y la aplicación de impuestos a las plataformas digitales.

Desde el oficialismo municipal sostienen que estas modificaciones alteran el espíritu original del proyecto y podrían generar un impacto negativo en los usuarios. Según remarcaron, la iniciativa apuntaba a replicar un esquema similar al de remises y radiotaxis, centrado en la creación de un registro de conductores, la exigencia de antecedentes, la identificación visible del chofer y requisitos técnicos para los vehículos, como la antigüedad máxima permitida.

La regulación había comenzado a tomar impulso a principios de diciembre, cuando se anunció la intención de tratarla en el recinto, en un contexto donde el uso de aplicaciones de transporte crece de manera sostenida en la capital chaqueña y genera debates tanto en el ámbito político como entre los distintos sectores del transporte tradicional.

Por el momento, el tratamiento de la ordenanza quedó en suspenso y su futuro dependerá de la posibilidad de retomar el diálogo entre los bloques y alcanzar un acuerdo que permita avanzar con una normativa consensuada.

Mientras tanto, Uber y Didi continúan operando en la ciudad sin un marco regulatorio específico, en medio de una discusión que combina seguridad, competencia, tarifas y el rol del Estado en las nuevas formas de movilidad urbana.