Escándalo en la Bolsa de Comercio: denuncian y piden embargo por $10.000 millones.

La crisis institucional y financiera de la Bolsa de Comercio del Chaco sumó un nuevo capítulo judicial tras la presentación de una ampliación de denuncia penal que apunta directamente contra autoridades y síndicos del organismo.

El planteo fue realizado por el abogado Víctor Ruiz Díaz ante la Fiscalía Federal de Resistencia, en el marco de una causa que ya investiga presuntas irregularidades en operatorias financieras dentro de la entidad. En su presentación, el exsíndico solicitó además un embargo preventivo por $10.000 millones sobre los bienes personales de los involucrados.

La denuncia también alcanza a la firma QMRR y menciona posibles delitos vinculados a la gestión de la Bolsa, en un contexto de creciente presión judicial y reclamos acumulados de acreedores.

Días atrás, la empresa Catalaxia —asesora de inversiones registrada ante la Comisión Nacional de Valores— obtuvo un embargo por más de $10 millones por una deuda correspondiente a servicios prestados en 2023 que, según denunció, no fueron abonados.

Según Ruiz Díaz, la situación refleja una “fragilidad financiera extrema” y podría comprometer la continuidad de la institución. En ese sentido, argumentó que el embargo solicitado busca garantizar eventuales responsabilidades y evitar una posible descapitalización.

Entre los puntos centrales de la denuncia, se cuestiona la política comercial adoptada desde 2023, especialmente el impulso a la negociación de instrumentos no garantizados, como cheques de pago diferido y pagarés bursátiles. De acuerdo al denunciante, este tipo de operatorias creció de manera sostenida hasta convertirse en una fuente relevante de ingresos por comisiones.

El escrito sostiene que las autoridades no pueden desligarse de lo ocurrido, ya que la normativa del mercado de capitales establece responsabilidades personales y solidarias en materia de control interno, cumplimiento regulatorio y protección de los inversores.

Además, se pidió investigar posibles vínculos entre integrantes del directorio y determinadas operaciones, incluyendo eventuales asesoramientos incompatibles con sus funciones institucionales.

La denuncia incorpora una serie de figuras penales en análisis, entre ellas administración fraudulenta, manipulación de mercado, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita.

El escenario se complejiza aún más con la existencia de múltiples reclamos de inversores y proveedores. En el caso de Catalaxia, incluso se mencionó la presunta existencia de un correo electrónico con contenido extorsivo como condición para cancelar una deuda.

Con este nuevo avance judicial, la causa amplía su alcance y pone el foco no solo en las operatorias financieras de la Bolsa, sino también en la responsabilidad directa de quienes condujeron la institución en los últimos años.