Escándalo en la Policía del Chaco: un cabo denuncia una trampa interna en la causa por cocaína.

La causa que investiga el intento de robo de nueve kilos de cocaína durante una quema judicial de estupefacientes suma un nuevo y explosivo capítulo. Uno de los siete efectivos de la Dirección General de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco detenidos por el hecho aseguró ante la Justicia que es inocente y que fue víctima de una “cama” armada por sus propios compañeros.

Se trata del cabo primero Juan Nicolás A. N., quien realizó su descargo durante la audiencia de control de legalidad de las detenciones y comunicación de cargos, desarrollada vía Zoom ante la jueza federal de Garantías, Zunilda Niremperger.

La audiencia contó con la participación de los abogados defensores y del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal federal Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, junto a la fiscal interina Ruth Hilgenberg.

Según trascendió del ámbito judicial, el cabo negó haber tenido participación en el intento de sustracción de la droga y sostuvo que el “pan” de cocaína hallado en su mochila durante el operativo realizado en Colonia Benítez no fue colocado por él, sino por otros efectivos. En ese sentido, afirmó haber sido deliberadamente incriminado.

Además de A. N., prestaron declaración el comisario César A., el oficial principal Lucas Exequiel M., el sargento Gustavo Jesús A. y el cabo Néstor Ariel Urne Canteros. En tanto, el subcomisario Andrés Franco Ramírez y el cabo Gustavo Andrés Q. optaron por ejercer su derecho constitucional a guardar silencio.

Todos los imputados negaron los hechos, aunque una de las declaraciones que despertó particular atención fue la de Urne Canteros, a quien se le secuestró una piedra de yeso empaquetada, de tamaño y forma similar a un ladrillo de cocaína. Para los investigadores, el elemento podría haber sido utilizado para simular o camuflar la droga sustraída, hipótesis que el acusado rechazó, afirmando que lo utiliza para afilar herramientas de barbería, actividad que dijo ejercer de manera paralela a su función policial.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos en los domicilios particulares de los imputados. Si bien en la mayoría de las viviendas no se hallaron elementos incompatibles con el perfil de un agente policial, en el domicilio de uno de los acusados se secuestró una balanza de precisión con restos de polvo blanco.

Al respecto, el abogado defensor Ricardo Osuna sostuvo que ese tipo de balanzas “son utilizadas habitualmente por el personal policial para el pesaje preliminar de estupefacientes durante los procedimientos”, minimizando el hallazgo.

Las imputaciones y la situación de detención

Los siete efectivos están imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por su condición de funcionarios públicos encargados de combatir este tipo de delitos, además de peculado, todo en concurso real.

En cuanto a la situación de detención, la mayoría de los acusados permanece alojada bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina en Barranqueras, mientras que dos de ellos continúan detenidos en dependencias de Gendarmería Nacional, en Formosa y Las Lomitas.

Días atrás, uno de los imputados presentó una acción de hábeas corpus solicitando su traslado a Resistencia, argumentando que el alojamiento fuera de la capital chaqueña afectaba su derecho de defensa y su vínculo familiar, dado que su esposa cursa un embarazo. Sin embargo, el Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia rechazó el planteo y la decisión fue confirmada por la Cámara Federal.

La Justicia sostuvo que no existió un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y que los reclamos deberán canalizarse por las vías judiciales ordinarias, quedando las decisiones sobre el lugar de alojamiento bajo la órbita de la jueza de la causa.

La investigación continúa y el caso mantiene en vilo tanto a la fuerza policial como a la sociedad chaqueña, por la gravedad institucional que implica que agentes encargados de combatir el narcotráfico estén imputados por intentar apropiarse de droga incautada.