Estudios revelan: en Argentina el 73% de los hogares tienen crisis habitacionales

Un reciente informe, encendió las alarmas sobre la situación habitacional en Argentina: más de 10,7 millones de hogares, es decir, el 73% del total, enfrentan algún tipo de déficit vinculado al hábitat.

El estudio revela que la problemática va mucho más allá de la falta de vivienda. Cerca de 7 de cada 10 hogares presentan deficiencias en sus condiciones habitacionales, mientras que un 9,3% necesita una vivienda adicional debido al hacinamiento o a que habitan espacios irrecuperables.

Uno de los puntos más críticos es el acceso a servicios básicos. Alrededor de 7,4 millones de hogares urbanos tienen carencias en infraestructura, calidad constructiva o seguridad en la tenencia. Dentro de ese grupo, unos 5 millones no cuentan con servicios públicos adecuados y 4,7 millones carecen de regularidad dominial.

Además, más de un millón de viviendas presentan problemas materiales que, si bien son recuperables, requieren intervenciones urgentes. El informe también advierte que estas problemáticas suelen superponerse, lo que profundiza la vulnerabilidad de las familias.

En cuanto al acceso a la propiedad, más del 20% de los hogares no tiene una tenencia formal. En muchos casos se trata de familias que viven en condiciones precarias sin ser propietarias ni inquilinas, o bien ocupan viviendas sin contar con escritura legal.

El déficit también se refleja en la necesidad de nuevas viviendas: más de un millón de hogares requieren una unidad adicional, principalmente por situaciones de hacinamiento o convivencia forzada.

Por otro lado, el alquiler sigue creciendo como forma de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y sectores medios. Aunque estos hogares no siempre presentan carencias estructurales, el fenómeno evidencia las dificultades cada vez mayores para acceder a la vivienda propia.

A nivel territorial, al menos 1,2 millones de familias viven en barrios populares relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), donde persisten problemas de infraestructura, acceso a servicios, seguridad y exposición a riesgos ambientales.

Este escenario se da en un contexto de fuerte caída de la inversión pública. Según datos oficiales, el gasto en vivienda y urbanismo registró una retracción de hasta el 93,5% en los últimos años, con programas paralizados, obras detenidas y la eliminación de herramientas clave como el Procrear y el Fondo de Integración Socio Urbana.

De acuerdo a proyecciones presupuestarias, los recursos destinados a vivienda podrían caer un 74% respecto de 2023, mientras que las partidas para agua potable y saneamiento tendrían un recorte cercano al 78%, lo que agrava aún más un panorama ya crítico.