Fondos en pausa y rutas en ruinas: los gobernadores reclaman más transparencia en el impuesto a los combustibles.

Una vez más, las provincias alzan la voz ante lo que denuncian como discrecionalidad y falta de transparencia en el uso de los fondos nacionales provenientes del impuesto a los combustibles. Los 24 gobernadores del país presentaron un proyecto de ley que busca reformar el sistema de recaudación y distribución, exigiendo que se respete el destino original: obras viales y mantenimiento de rutas.

Aunque el debate debía tratarse esta semana en la Cámara de Diputados, la sesión fue suspendida sin aviso y sin explicaciones, dejando en suspenso una discusión clave para el interior del país.

Según datos oficiales, en 2024 el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) recaudó más de $247 mil millones, pero sólo destinó el 16 % de esos fondos a su propósito original: la infraestructura vial. El resto fue derivado a fondos ociosos, plazos fijos, bonos y aplicaciones subsidiarias sin ejecución directa en el territorio.

“El impuesto a los combustibles no puede seguir siendo una caja negra para el gobierno nacional”, aseguran desde distintas provincias. La reforma, además, propone la eliminación de seis fideicomisos poco transparentes, entre ellos los destinados a infraestructura hídrica, transporte y vivienda.

La movida fue interpretada como un nuevo intento de los mandatarios provinciales de recuperar autonomía financiera frente a una Casa Rosada que, según algunos legisladores opositores, “usa los fondos de manera arbitraria, sin consultar ni rendir cuentas”.

Mientras tanto, las rutas del interior siguen sin mejoras, y los usuarios —que pagan el impuesto al cargar nafta— siguen esperando que los fondos vuelvan al asfalto.