Francia se suma al grupo de países que cuentan con la legislación sobre la ayuda médica para morir
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Francia dio un paso histórico en materia de derechos al final de la vida. La Asamblea Nacional aprobó este miércoles la primera ley que legaliza la muerte asistida para personas con enfermedades graves e incurables, luego de un intenso debate político y social que se extendió durante más de tres años.
La iniciativa obtuvo 291 votos a favor y 241 en contra, y representa uno de los proyectos más importantes impulsados durante la gestión del presidente Emmanuel Macron.
Tras la sanción, el mandatario francés destacó que la norma cumple con el compromiso asumido en 2022 de abrir el debate sobre el final de la vida y aseguró que el texto fue construido a partir del "diálogo, la escucha y el debate".
Con esta decisión, Francia se incorpora al grupo de países que ya cuentan con legislación sobre la ayuda médica para morir, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.
Quiénes podrán solicitarla
La nueva legislación establece que podrán acceder a la muerte asistida las personas mayores de edad que tengan nacionalidad francesa o residencia permanente en el país.
Además, deberán cumplir una serie de requisitos:
Padecer una enfermedad grave e incurable.
Encontrarse en una etapa avanzada o terminal.
Sufrir dolores físicos o psicológicos permanentes considerados insoportables o imposibles de aliviar.
Poder expresar de forma libre, consciente e informada su voluntad.
Cómo será el procedimiento
La ley prevé un período obligatorio de reflexión de al menos dos días antes de que el paciente confirme su decisión.
Posteriormente, el médico tratante tendrá un plazo máximo de quince días para emitir una resolución debidamente fundamentada sobre la solicitud.
El texto también contempla una cláusula de conciencia que permite a médicos y demás profesionales de la salud negarse a participar del procedimiento si así lo consideran.
Un tema que continúa generando debate
Hasta ahora, Francia permitía únicamente rechazar tratamientos médicos cuando fueran considerados una prolongación artificial e irrazonable de la vida, pero prohibía la eutanasia activa.
Con el objetivo de alcanzar mayores consensos, el proyecto evita utilizar expresamente los términos "eutanasia" o "suicidio asistido", aunque regula el acceso a la ayuda médica para morir bajo estrictas condiciones.
Pese a la aprobación legislativa, el debate continúa abierto. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que solicitará la intervención del Consejo Constitucional para verificar que la norma respete los principios establecidos por la Constitución francesa, especialmente aquellos vinculados a la dignidad humana.
