Gobierno Nacional habilitó el bloqueo de celulares en las cárceles provinciales
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El Gobierno nacional formalizó un nuevo programa que permitirá detectar y bloquear teléfonos celulares utilizados dentro de establecimientos penitenciarios provinciales. La medida busca impedir que personas privadas de su libertad utilicen dispositivos móviles para coordinar delitos con personas que se encuentran en el exterior.
El sistema fue establecido mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y contempla la adhesión voluntaria de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de convenios específicos.
Para Chaco, la iniciativa abre la posibilidad de incorporar este mecanismo en sus establecimientos penitenciarios, aunque para ello la Provincia deberá adherir formalmente al programa y cumplir con los requisitos técnicos establecidos por Nación.
Cómo funcionará
El mecanismo permitirá detectar los dispositivos móviles que se activen dentro de las áreas de detención o en sectores de acceso restringido de las cárceles.
Una vez identificado un teléfono, se registrarán tres datos fundamentales: el IMEI, que identifica de manera única al equipo; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica utilizada.
La incorporación del IMSI busca evitar que un teléfono bloqueado vuelva a funcionar simplemente cambiando la tarjeta SIM.
Los datos serán enviados al sistema federal y, posteriormente, el Ministerio de Seguridad Nacional los remitirá a las empresas de telefonía móvil para que ejecuten el bloqueo correspondiente.
Las operadoras tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar que la medida fue aplicada.
Nación será el intermediario con las empresas
Uno de los puntos centrales del programa es que las provincias no podrán solicitar directamente a las compañías telefónicas el bloqueo de los equipos detectados.
El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como ventanilla única, recibiendo la información de las jurisdicciones adheridas y canalizando los pedidos hacia las empresas prestadoras.
El procedimiento establece además responsabilidades específicas para cada actor. Los organismos provinciales deberán identificar los dispositivos, mientras que los servicios penitenciarios tendrán que monitorear los sistemas de detección y comunicar inmediatamente cualquier inconveniente.
Las empresas de telecomunicaciones, por su parte, serán las encargadas de concretar la inhabilitación de los equipos y líneas informados.
¿Qué tendría que hacer Chaco?
En caso de adherir al programa, la Provincia deberá implementar los equipos tecnológicos necesarios para detectar los teléfonos y asumir los costos relacionados con su compra, instalación, mantenimiento y supervisión.
Además, deberá generar reportes diarios con los identificadores de los dispositivos detectados y remitirlos al sistema nacional mediante archivos estandarizados.
La información estará sujeta a estrictas normas de confidencialidad y se realizarán controles periódicos para verificar que el protocolo sea aplicado correctamente.
El objetivo: cortar la coordinación de delitos desde las cárceles
La medida se enmarca en una estrategia nacional destinada a impedir que las cárceles se conviertan en puntos de operación para organizaciones criminales.
El uso clandestino de celulares dentro de los penales puede permitir comunicaciones con el exterior, coordinación de maniobras delictivas, amenazas, extorsiones y otras actividades ilícitas.
El Gobierno nacional busca ampliar a las cárceles provinciales un mecanismo que anteriormente estaba concentrado principalmente en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
Una medida que deberá definir la Provincia
La adhesión al programa no es automática. Chaco deberá evaluar la incorporación del sistema y, en caso de avanzar, firmar el convenio correspondiente con Nación.
La implementación también plantea un desafío tecnológico y operativo para el sistema penitenciario provincial, que deberá contar con infraestructura, personal capacitado y mecanismos de monitoreo permanente.
Mientras tanto, el nuevo esquema nacional deja planteada una posibilidad concreta: que los establecimientos penitenciarios chaqueños puedan contar con herramientas para detectar y bloquear celulares utilizados de manera ilegal dentro de las cárceles, buscando reducir la capacidad de los internos para coordinar delitos desde el interior de los penales.
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