La causa contra la “médica trucha” suma nuevas acusaciones y posibles víctimas

La situación judicial de Lidia Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales del Chaco, se agravó en las últimas horas tras ser notificada de dos nuevas imputaciones que podrían complicar aún más su futuro procesal.

La mujer de 43 años, que permanece detenida en Presidencia Roque Sáenz Peña, fue acusada por un nuevo caso de homicidio con dolo eventual y por lesiones gravísimas, esta última vinculada a la amputación de una pierna sufrida por un joven de 26 años.

Tras comparecer ante la Justicia para conocer las nuevas acusaciones, Ojeda regresó al lugar donde se encuentra alojada mientras avanza la investigación. En paralelo, el fiscal Marcelo Soto solicitó la prisión preventiva y analiza la totalidad de las actuaciones acumuladas en la causa.

Hasta el momento, la imputada ya enfrentaba cargos por usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual por la muerte de un paciente de 63 años ocurrida en diciembre de 2025 en el Hospital de Quitilipi.

La investigación sostiene que Ojeda habría utilizado la matrícula profesional de un médico para desempeñarse en distintos establecimientos sanitarios públicos, realizar diagnósticos, emitir recetas y firmar documentación médica. Incluso, se investiga la firma de certificados de defunción mientras ejercía funciones para las cuales no estaba habilitada.

Según los registros analizados por la fiscalía, solo en el Hospital "Dr. Emilio F. Rodríguez" de Quitilipi habría atendido a más de 1.200 pacientes desde mayo de 2025.

El caso comenzó a salir a la luz a partir de denuncias realizadas por profesionales de la salud y personal hospitalario que detectaron presuntas inconsistencias en sus conocimientos y procedimientos durante las guardias médicas.

Luego de conocerse las primeras denuncias, la mujer abandonó la provincia, aunque fue localizada y detenida posteriormente en la localidad bonaerense de Tres de Febrero durante un operativo conjunto entre las policías de Chaco y Buenos Aires.

Durante los allanamientos realizados en su vivienda, los investigadores secuestraron documentación médica, insumos hospitalarios, uniformes, un sello oficial del hospital de Quitilipi y otros elementos considerados de interés para la causa.

Mientras la Justicia continúa reuniendo testimonios y analizando nuevas denuncias por presunta mala praxis, también se investiga si existieron responsabilidades administrativas o penales por parte de funcionarios y autoridades que permitieron su incorporación al sistema sanitario sin verificar adecuadamente sus antecedentes y credenciales profesionales.