La provincia impulsa una propuesta para modificar la normativa que establece la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos.

Un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 5º de la Ley 4197-G, normativa que establece la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos en la provincia del Chaco.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Rubén Omar Guillón, Carlos Héctor Salom y Nicolás Slimel, quienes plantean ampliar los lugares habilitados para realizar los estudios, con el objetivo de facilitar su cumplimiento en todo el territorio provincial.

Actualmente, la ley establece que los análisis deben realizarse en el Laboratorio Central de la Provincia o en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial. Con la modificación propuesta, también se permitiría que los estudios se efectúen en laboratorios privados de análisis clínicos, siempre que cuenten con directores técnicos matriculados y estén colegiados ante el Colegio Bioquímico del Chaco.

Según explicaron los autores del proyecto, la medida busca mejorar la operatividad de la norma y garantizar su aplicación efectiva, especialmente para funcionarios de localidades alejadas que deben trasladarse hasta Resistencia para cumplir con el requisito.

En ese sentido, señalaron que la incorporación de laboratorios privados permitiría descentralizar el sistema, evitar demoras administrativas y prevenir una posible saturación en los organismos públicos que actualmente realizan los estudios.

El proyecto también establece que el costo del examen toxicológico deberá ser afrontado por los propios funcionarios, manteniendo el carácter obligatorio del análisis para el ejercicio de cargos públicos.

De aprobarse la modificación, los estudios podrían realizarse en una red de laboratorios privados distribuidos en distintas localidades, mientras que los organismos públicos continuarían funcionando como autoridades de referencia dentro del sistema.