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La UTA Chaco rechazó la reducción de personal que anunció ERSA y advierte posibles medidas de fuerza.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Chaco expresó su rechazo a la decisión de la empresa ERSA de reducir su plantilla de trabajadores del transporte urbano de Resistencia, una medida que afectaría a más de cincuenta empleados.



La compañía comunicó formalmente el 28 de octubre su intención de aplicar un procedimiento preventivo de crisis, que permitiría suspender personal con el pago del 50% del salario. Según explicó el secretario general del gremio, Raúl Abraham, el ajuste implicaría una reducción del 20 al 25% de los choferes y operarios de la firma.

“Nosotros le dijimos a la empresa que no vamos a aceptar ninguna reducción ni suspensión. No siempre la salida tiene que ser el ajuste sobre el trabajador”, afirmó el dirigente, en diálogo con Radio Libertad.

Desde el sindicato confirmaron que los choferes se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente, mientras se analizan los próximos pasos a seguir. “Los muchachos están decididos a defender lo que construyeron durante años. No se trata solo del trabajo, sino del sustento de sus familias”, agregó Abraham.

Falta de intervención estatal y críticas por el modelo de subsidios

El referente gremial cuestionó además la falta de intervención del Ministerio de Trabajo y del gobierno provincial frente a la crisis del transporte. “Hasta ahora no hay ningún organismo que haya mediado. Nadie intervino para buscar un equilibrio entre las partes, y el problema afecta a todos”, señaló.

Abraham vinculó la situación con la eliminación del Fondo Compensador del Transporte, un subsidio nacional que hasta 2024 ayudaba a sostener los costos de operación. “Cuando se quitó ese fondo y se modificó la modalidad de aportes provinciales, las empresas comenzaron a desfinanciarse y trasladaron el impacto a los trabajadores”, explicó.

Un sistema en crisis

ERSA, una de las principales concesionarias del servicio urbano en Resistencia, ya había advertido que podría retirarse en diciembre si no se modifica el esquema de subsidios y compensaciones.

“Yo entiendo que el empresario quiere rentabilidad, pero si se va, el costo lo pagan los choferes y los usuarios. Esto es una bomba de tiempo”, advirtió Abraham.

Desde la UTA remarcaron que no aceptarán suspensiones con rebajas salariales y que agotarán todas las vías legales para garantizar los derechos del personal.

Impacto social y reclamo de políticas públicas

La posible reducción de personal amenaza con paralizar parte del servicio urbano, que representa el principal medio de movilidad para miles de trabajadores, estudiantes y jubilados.

“Esto no solo perjudica a los empleados de ERSA, sino a toda la comunidad. Si la empresa levanta los colectivos, ¿quién se hace cargo? El transporte es un servicio público esencial, el Estado debe garantizarlo”, sostuvo el titular del gremio.

Finalmente, Abraham aseguró que la UTA “va a resistir hasta el final”, apostando al diálogo pero con una postura firme:

“No vamos a aceptar despidos ni suspensiones con salario recortado. Vamos a pelear dentro de la ley, pero sin rendirnos, porque está en juego la dignidad de los trabajadores”.


 
 
 

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