Malvinas: Argentina llevó al Tribunal del Mar su ofensiva para frenar la explotación petrolera británica

La Argentina presentó formalmente su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar detener el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

Las audiencias comenzaron este martes y continuarán hasta el miércoles. Se trata de un hecho inédito en la disputa entre ambos países: es la primera vez que la Argentina lleva una controversia vinculada con el Reino Unido por la cuestión Malvinas ante un tribunal internacional fuera del país.

La delegación nacional está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy. También participan el embajador Mario Oyarzábal, en calidad de agente; representantes de los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, integrantes de la Procuración del Tesoro y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.

Qué busca la Argentina ante el Tribunal del Mar

El objetivo central de la presentación es conseguir medidas provisionales que impidan el inicio o la continuidad de las actividades de extracción de hidrocarburos en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas, hasta que se resuelva la controversia entre ambos países.

Durante su exposición, Oyarzábal aclaró que la Argentina no pretende que el Tribunal determine la soberanía sobre el archipiélago ni que resuelva la delimitación marítima. El planteo apunta a cuestionar las decisiones unilaterales del Reino Unido y evitar que la explotación de recursos naturales genere consecuencias irreversibles antes de que avance el proceso arbitral.

La posición argentina se apoya en cuatro principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): la preservación de los derechos soberanos sobre la plataforma continental, la prohibición de avanzar unilateralmente sobre recursos no renovables en una zona disputada, el deber de no obstaculizar la solución del conflicto y la protección del ambiente marino.

Además, el Gobierno advirtió que las actividades proyectadas podrían afectar la capacidad del país para cumplir con sus compromisos internacionales de conservación del ecosistema marítimo.

El Reino Unido cuestionó la jurisdicción del organismo

Antes de la exposición británica, la delegación argentina presentó sus argumentos sobre los antecedentes de la disputa, las gestiones diplomáticas realizadas y las medidas adoptadas frente al avance del emprendimiento petrolero.

Por su parte, el Gobierno británico rechazó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tenga jurisdicción para analizar el reclamo argentino sobre la soberanía de las Malvinas y sostuvo que defenderá su derecho a realizar perforaciones petroleras en las islas.

El Reino Unido tenía previsto exponer sus argumentos este martes por la tarde. El miércoles se desarrollará una segunda ronda de intervenciones, con nuevas presentaciones de ambas delegaciones.

Cuándo podría conocerse una decisión

El pedido de medidas provisionales se enmarca en el procedimiento arbitral que la Argentina inició el 28 de septiembre, bajo las disposiciones de la CONVEMAR. Como el tribunal arbitral todavía no está constituido, el país recurrió el 13 de octubre al organismo con sede en Hamburgo para solicitar una intervención urgente.

Según las estimaciones del Gobierno, la resolución podría conocerse en un plazo de entre dos y cuatro semanas, aunque el calendario dependerá de los magistrados.

Existen tres escenarios posibles: que el Tribunal acepte la totalidad del planteo y ordene detener las actividades; que disponga medidas parciales; o que rechace la solicitud por considerar que no se cumplen las condiciones necesarias de urgencia o jurisdicción. En cualquiera de esos casos, el arbitraje principal continuará.

El argumento del Ejecutivo es que las perforaciones previstas para 2027 y el comienzo de la producción comercial proyectado para 2028 podrían consolidar una situación difícil de revertir y ocasionar un perjuicio a los derechos que reclama la Argentina.

Una estrategia que incluye medidas diplomáticas y judiciales

La presentación en Hamburgo forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional. Según datos oficiales citados en el planteo, desde septiembre se enviaron más de 180 comunicaciones a empresas relacionadas con Sea Lion, proveedores de servicios, compañías vinculadas con permisos de pesca y países de origen de esas firmas.

Además, el Ejecutivo informó que inició 60 procedimientos sancionatorios y presentó denuncias penales contra empresas y personas relacionadas con actividades que considera ilegítimas en la zona en disputa.

En paralelo, impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar la Ley 26.659 y establecer nuevas herramientas para sancionar la explotación de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos y la plataforma continental.

Mientras se desarrollan las audiencias en Alemania, la Argentina busca frenar el avance petrolero británico por la vía judicial internacional, sin abandonar los reclamos diplomáticos por la soberanía de las Islas Malvinas.