Malvinas: Argentina recurrió al Tribunal del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion

El Gobierno de Javier Milei presentó un pedido de medidas provisionales para detener las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. La solicitud se enmarca en el arbitraje iniciado contra el Reino Unido y busca preservar los derechos que Argentina reclama sobre su plataforma continental. <Cite refs={["turn244895search0","turn244895news36"]}/>

Argentina dio un nuevo paso en su reclamo contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas. Este martes 13 de octubre, el Gobierno nacional informó que presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, una solicitud de medidas provisionales para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion. <Cite refs={["turn244895search0","turn244895search6"]}/>

La presentación se concretó luego de vencer el plazo de dos semanas que la administración de Javier Milei había otorgado a Londres para que impidiera la continuidad de las actividades vinculadas con el emprendimiento. El Reino Unido mantiene su posición favorable al desarrollo petrolero en el archipiélago.

El objetivo argentino es obtener una decisión internacional que permita suspender las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mientras avanza el procedimiento de arbitraje entre ambos países.

La estrategia judicial del Gobierno

La medida forma parte del procedimiento de arbitraje que el Ejecutivo anunció el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Según informó la Presidencia, el pedido se apoya en el artículo 290, inciso 5, de esa convención, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral correspondiente.

La estrategia es impulsada por la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, junto con los equipos jurídicos del Estado. El planteo apunta a preservar los derechos que Argentina reclama sobre su plataforma continental y evitar que las actividades cuestionadas agraven la controversia internacional. <Cite refs={["turn244895search0","turn244895search1"]}/>

Sin embargo, la presentación no supone la suspensión automática del proyecto. La continuidad de las operaciones dependerá de la decisión que adopte el órgano internacional tras analizar los argumentos y las condiciones previstas por el derecho del mar.

Qué se discute sobre el proyecto Sea Lion

El emprendimiento Sea Lion está vinculado con la exploración y futura explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte. Entre las empresas involucradas se encuentran Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Argentina cuestiona que estas actividades avancen con autorizaciones que considera unilaterales e ilegales en espacios marítimos cuya soberanía y jurisdicción forman parte de la disputa con el Reino Unido.

Desde la posición británica, en cambio, se sostiene el derecho de las autoridades de las islas a desarrollar su economía y aprovechar los recursos naturales de la zona. Las diferencias sobre la explotación petrolera se suman así a un conflicto de soberanía que permanece sin resolución.

El reclamo por los recursos y la soberanía

El pedido de medidas provisionales busca proteger los derechos que Argentina sostiene tener sobre los recursos de su plataforma continental. Aunque la solicitud se concentra en las actividades hidrocarburíferas y sus consecuencias, el conflicto se inscribe en la controversia más amplia por la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

La presentación ante el Tribunal del Mar abre una nueva instancia jurídica en la disputa. El próximo paso será la evaluación internacional del pedido argentino, cuyo resultado determinará si se establecen restricciones temporales a las operaciones de Sea Lion mientras continúa el arbitraje.

Por ahora, la solicitud no garantiza que la actividad petrolera se detenga: esa posibilidad dependerá de la resolución que adopte el tribunal competente.