El Gobierno envía al Congreso la ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas

El Gobierno nacional terminó de redactar el proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y prevé enviarlo este miércoles a la Cámara de Diputados, luego de varios días de trabajo sobre el texto definitivo.

La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, reúne distintas herramientas vinculadas con la defensa de los intereses argentinos sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. El proyecto está organizado en alrededor de seis títulos e incluye aspectos económicos, diplomáticos, tecnológicos y de seguridad.

Antes de su remisión al Congreso, el texto será incorporado al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), como parte del circuito administrativo correspondiente. Una vez completado ese paso, comenzará formalmente la etapa de análisis parlamentario.

Qué contempla el proyecto

Entre los principales ejes anunciados por el Ejecutivo se encuentra la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, junto con un régimen de protección para infraestructura crítica y nuevas herramientas para el resguardo aeroespacial y marítimo.

Uno de los capítulos apunta a establecer sanciones económicas para empresas y actores que desarrollen actividades productivas en las islas sin autorización argentina. El alcance inicial estuvo concentrado en el sector de hidrocarburos, aunque durante la elaboración también se evaluó incluir actividades vinculadas con la pesca, la minería y otros sectores.

La propuesta se relaciona con las medidas adoptadas por el Gobierno frente al avance de proyectos petroleros en la zona, entre ellos el denominado Sea Lion.

Otro de los apartados estará orientado a la protección de activos considerados estratégicos, como redes de telecomunicaciones, centros de datos y otros servicios esenciales. El objetivo es ampliar la mirada sobre la Seguridad Nacional más allá del ámbito estrictamente militar.

Protección aeroespacial y vigilancia del Atlántico Sur

El proyecto también incluirá modificaciones relacionadas con la protección aeroespacial y los procedimientos frente a aeronaves consideradas hostiles.

Según los lineamientos difundidos, se busca precisar las distintas etapas de actuación y establecer el empleo de la fuerza únicamente como última instancia. La iniciativa no contempla habilitar derribos automáticos ante cualquier vuelo irregular.

Además, el Gobierno trabaja en una estrategia de integración de radares, telecomunicaciones, sistemas satelitales e inteligencia de señales. Dentro de ese esquema, la Base Naval Integrada de Ushuaia aparece como uno de los puntos centrales para concentrar información y fortalecer el monitoreo del espacio marítimo y aéreo del Atlántico Sur.

El debate que comenzará en Diputados

La redacción final del proyecto se extendió hasta la madrugada y generó diferencias internas respecto del momento adecuado para presentarlo. Desde el oficialismo señalaron que la prioridad fue cerrar el articulado antes de iniciar la negociación política.

La iniciativa había sido anunciada por Milei el 3 de septiembre. Durante los últimos días, algunos sectores habían planteado la posibilidad de incorporarla directamente a una sesión, aunque finalmente se decidió no avanzar con esa alternativa mientras el texto permaneciera en elaboración.

Ahora, el Gobierno deberá iniciar conversaciones con los bloques aliados y otros espacios parlamentarios, entre ellos el PRO, la UCR y sectores federales. La intención oficial es explicar los alcances del proyecto, recibir propuestas y definir el recorrido por las comisiones antes de un eventual tratamiento en el recinto.

El envío al Congreso marcará el cierre de la etapa técnica y el comienzo de una discusión legislativa que tendrá como eje la soberanía argentina, la protección de recursos estratégicos y la seguridad del Atlántico Sur.