Musimundo: la Justicia cerró definitivamente los vínculos laborales de CARSA y retuvo más de $118 millones

La situación de los trabajadores vinculados a Musimundo sumó una nueva definición judicial tras la quiebra de CARSA S.A., la empresa relacionada con la cadena de electrodomésticos.

El Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia, a cargo del juez Fernando Luis Lavenas, resolvió extinguir la totalidad de los contratos laborales que todavía permanecían vigentes, con efecto retroactivo al 2 de septiembre, fecha en la que fue declarada la quiebra de la compañía.

La decisión se tomó luego de que la sindicatura informara que ya no existían condiciones para continuar con la explotación de la empresa y solicitara formalmente la disolución de los vínculos laborales.

De esta manera, CARSA dejó de tener actividad comercial y todos los contratos de trabajo quedaron alcanzados por la resolución judicial.

La resolución también facilita trámites para los exempleados

El juez Lavenas señaló que la medida permitirá a los trabajadores realizar las gestiones correspondientes a partir del cese de la relación laboral.

Entre ellas se encuentran los trámites vinculados con el fondo de desempleo y la cobertura de las obras sociales.

Además, el magistrado ordenó comunicar la resolución a la Jefatura Regional de ANSES en Resistencia y autorizó expresamente a los exempleados a utilizar la documentación judicial para acreditar el cese laboral ante los organismos correspondientes.

Más de $118 millones quedaron dentro del proceso de quiebra

A la definición sobre los trabajadores se sumó otra medida económica de relevancia.

El Nuevo Banco del Chaco informó al juzgado que transfirió $118.073.527,64 pertenecientes a CARSA a una cuenta judicial abierta en el marco del proceso de quiebra.

La transferencia se realizó a pedido de la sindicatura, que había solicitado que los fondos de la empresa ingresados en sus cuentas desde la apertura del concurso preventivo fueran depositados en la cuenta judicial.

Esto significa que ese dinero quedó incorporado al patrimonio sometido al control de la Justicia y ya no puede ser administrado libremente por la compañía.

Sin embargo, el depósito no implica que esos $118 millones hayan sido asignados directamente al pago de indemnizaciones. Tampoco se estableció hasta el momento cuánto podría corresponder a cada trabajador ni cuándo se producirían eventuales pagos.

Los fondos forman parte del patrimonio de CARSA que deberá ser administrado dentro del proceso de quiebra y distribuido de acuerdo con las reglas y prioridades que determine la Justicia.

Una quiebra que llegó después de meses de crisis

La situación de CARSA se agravó durante los últimos meses. El 17 de julio la compañía había ingresado en concurso preventivo con el objetivo de reordenar sus obligaciones y evitar la quiebra.

Sin embargo, el proceso no logró sostenerse. A fines de agosto, el directorio había aprobado un plan de reducción que contemplaba el cierre de locales, luego de que no prosperara una propuesta para transferir 45 sucursales.

Finalmente, el 2 de septiembre, el Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia decretó la quiebra y dejó sin efecto el concurso preventivo.

El magistrado consideró que existían elementos que demostraban un estado de cesación de pagos y que ya no estaban dadas las condiciones para mantener la explotación de la empresa.

Una deuda millonaria y reclamos de trabajadores

La crisis también estuvo acompañada por un importante nivel de endeudamiento. Según el registro del Banco Central correspondiente a julio de 2026, CARSA acumulaba aproximadamente $2.242 millones de deuda con entidades financieras.

Entre los principales acreedores figuraban Banco Nación, Banco Macro, Banco de Comercio y Nuevo Banco del Chaco.

En paralelo, exempleados de Musimundo habían cuestionado públicamente el manejo de la compañía y señalado que la reducción de personal se venía produciendo desde años anteriores y se había profundizado durante 2025 y 2026.

También expresaron preocupación por el pago de salarios correspondientes a agosto y por las indemnizaciones derivadas de los despidos.

Con la última resolución, la Justicia estableció formalmente el cese de todos los vínculos laborales y avanzó en el proceso de administración de los bienes y fondos de CARSA, mientras los exempleados deberán aguardar las próximas etapas de la quiebra para conocer cómo se resolverán sus créditos laborales.