PAMI sigue en la mira y aumenta la polémica por un crédito millonario otorgada por una funcionaria

Una nueva polémica sacude al PAMI y al Banco Nación luego de que trascendiera que una alta funcionaria del organismo accedió a un crédito hipotecario superior a los 500 millones de pesos. El caso generó fuertes cuestionamientos políticos y abrió un debate sobre posibles privilegios y conflictos de interés dentro de la administración pública nacional.

La funcionaria involucrada es Carolina Olivera, actual titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del PAMI, quien habría recibido el préstamo en octubre de 2025. Según trascendió, con la actualización de intereses el monto total de la deuda ya superaría los 565 millones de pesos.

La situación tomó mayor repercusión luego de conocerse que Olivera está casada con Ezequiel Cabrera, responsable del área de administración y finanzas de una empresa vinculada al suministro de implantes cocleares para el PAMI. Esta conexión despertó sospechas y pedidos de mayor transparencia sobre el manejo de fondos y las relaciones entre funcionarios y proveedores del organismo.

El tema se suma a otras controversias recientes relacionadas con créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a dirigentes y funcionarios del oficialismo. Desde distintos sectores de la oposición reclamaron explicaciones sobre los criterios utilizados para aprobar estos préstamos y si existieron condiciones especiales para determinados beneficiarios.

En ese contexto, el diputado nacional Esteban Paulón solicitó que el Banco Nación informe públicamente cómo fueron otorgados los créditos y si se respetaron las mismas condiciones exigidas al resto de la ciudadanía.

Desde la entidad bancaria aseguraron anteriormente que todos los préstamos se concedieron bajo los requisitos habituales y negaron cualquier tipo de beneficio especial. Sin embargo, la difusión de nuevos casos volvió a instalar el debate sobre el acceso al financiamiento estatal por parte de funcionarios públicos en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

Carolina Olivera es abogada y trabaja en el PAMI desde 2012. A lo largo de los años ocupó distintos cargos dentro del área de Recursos Humanos hasta ser designada en febrero de este año al frente de la Unidad de Gestión Técnico Operativa.

Mientras crecen los cuestionamientos, el caso promete seguir generando repercusiones políticas y mediáticas, especialmente por el contexto de ajuste económico y las dificultades que enfrentan miles de argentinos para acceder a créditos y financiamiento.