Polémica en La Leonesa: el Municipio cobra hasta $47 mil diarios a repartidores para ingresar y hacer entregas.

Un nuevo conflicto sacude a la localidad de La Leonesa, donde el Municipio implementó un sistema de control en los accesos que obliga a repartidores, transportistas y prestadores de servicios a pagar un canon diario para poder ingresar y realizar entregas dentro del ejido urbano. La medida, que alcanza montos cercanos a los $47 mil por jornada, generó malestar entre trabajadores, vecinos y sectores de la oposición.

El esquema se aplica en los ingresos a la ciudad, donde inspectores municipales detienen vehículos que transportan mercadería o paquetería. Allí solicitan datos del rodado y de la empresa, registran la información de manera manual y notifican la obligación de abonar una tasa diaria para poder operar dentro de la localidad.

Según relataron repartidores, en algunos casos se les advirtió que, si no abonan el canon, podrían ser identificados mediante cámaras de seguridad y sancionados si se detecta que realizan entregas sin autorización.

Impacto inmediato en la logística

Las consecuencias no tardaron en sentirse. Mientras algunos repartidores decidieron pagar para no perder la jornada laboral, otros optaron por no ingresar a La Leonesa y trasladar la operatoria a localidades cercanas, principalmente Las Palmas. Desde allí, comenzaron a contactar a los clientes para coordinar el retiro de paquetes.

Esta situación generó reclamos de vecinos, quienes aseguran haber abonado envíos puerta a puerta que finalmente no se concretan como fueron contratados. En esos casos, deben trasladarse por sus propios medios para retirar la mercadería, asumiendo costos adicionales.

No solo afecta a la paquetería

Fuentes locales indicaron que el cobro no se limita a repartidores de comercio electrónico. También alcanzaría a camiones que transportan materiales de construcción, arena y otros insumos, así como a distintos prestadores de servicios que ingresan desde localidades vecinas.

Uno de los puntos más cuestionados es el registro manual de los controles, en un contexto de baja digitalización administrativa, lo que abre interrogantes sobre la trazabilidad de los pagos y el control efectivo de lo recaudado.

La postura del Municipio

Consultado por la polémica, el intendente José Carbajal defendió la medida y sostuvo que el Municipio actúa dentro de sus atribuciones legales.“El municipio es autónomo y tiene facultades para dictar ordenanzas y regular actividades comerciales que generan ganancias y compiten con el comercio local”, afirmó.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la tasa no es nueva y que se encuentra prevista en la Ordenanza General Impositiva y Tributaria, que se actualiza anualmente.

El texto de la ordenanza establece un régimen para introductores de mercadería con dos modalidades:

• Pago mensual: $250.000

• Pago diario: $42.000

Esta disposición explicaría la diferencia entre el monto oficial informado por el Municipio y los $47 mil denunciados por repartidores, una brecha que hoy forma parte del conflicto y que podría responder a actualizaciones, adicionales o a la forma en que se comunica el importe durante los controles.

Convenios poco claros y críticas políticas

Desde la Coordinación General municipal indicaron que existe la posibilidad de firmar convenios mensuales para quienes ingresan mercadería de manera habitual, lo que reduciría el costo diario. Sin embargo, repartidores consultados aseguraron que esa alternativa no fue informada durante los controles.

En paralelo, concejales de la oposición cuestionaron el alcance real de la ordenanza, señalando que históricamente se aplicó a proveedores y no específicamente a servicios de paquetería. También plantearon objeciones por la falta de transparencia administrativa y la dificultad para acceder a registros y balances.

Desde el Juzgado de Faltas, el juez Esteban Laviosa confirmó que hasta el momento no ingresaron multas vinculadas a transportistas por este esquema.

Mientras el Municipio sostiene que se trata de una tasa legal y vigente desde hace años, repartidores y vecinos advierten que el sistema encarece los servicios, altera la cadena de consumo y genera una barrera para el trabajo, en una economía ya golpeada.