Polémica institucional en Margarita Belén por una obra provincial destinada a adultos mayores.

Un fuerte conflicto institucional se desató en Margarita Belén luego de que el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) denunciara la entrega irregular de una obra que no pertenece al municipio, sino al organismo provincial. La situación involucra a un predio destinado a un Centro de Día y residencia para adultos mayores, cuya ocupación fue calificada como ilegal.

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, acusó públicamente al intendente local, Javier Martínez, de haber promovido la ocupación de un complejo que aún se encuentra en ejecución y que no fue concebido como un plan de viviendas familiares. Según explicó, el inmueble forma parte de un proyecto específico orientado a la atención integral de personas mayores, con servicios médicos, espacios recreativos y asistencia permanente.

De acuerdo a lo informado, se trata de 32 unidades habitacionales que están bajo la órbita del Instituto de Vivienda y presentan un avance aproximado del 50 por ciento. Berecoechea fue enfático al señalar que la entrega realizada “carece de todo respaldo legal” y advirtió que el municipio no tiene competencia sobre esa obra.

El funcionario expresó su preocupación por las familias involucradas y sostuvo que fueron inducidas a una situación irregular. “Se generó una falsa expectativa en personas que atraviesan una necesidad real, y eso es gravísimo desde el punto de vista institucional y humano”, remarcó.

Asimismo, aclaró que el proyecto forma parte del programa Casa Activa, cuya paralización —según precisó— se produjo a mediados de 2023, durante la anterior gestión nacional, y no como consecuencia de decisiones adoptadas por el actual gobierno.

Berecoechea también recordó que existieron reuniones previas con autoridades locales para informar sobre las gestiones de financiamiento necesarias para retomar la obra. En ese contexto, cuestionó duramente el accionar del intendente, al considerar que “se atribuyó facultades que no le corresponden”.

Desde el Gobierno provincial adelantaron que se avanzará con acciones administrativas y legales para recuperar el predio y poder finalizar el proyecto, cuya inversión necesaria para su culminación ronda los 1.600 millones de pesos. Según indicaron, ya cuentan con documentación, registros públicos y publicaciones que respaldan la denuncia.

Finalmente, el titular del IPDUV sostuvo que la Provincia debe administrar los recursos con responsabilidad, en un escenario complejo marcado por deudas heredadas, y afirmó que la finalización ordenada de obras permitirá extender soluciones habitacionales y sociales a otras localidades del Chaco.