Presuntas coimas en discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze dejaron la defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación sigue bajo secreto de sumario y la Justicia deberá resolver un pedido de nulidad clave.

La causa que investiga presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó este viernes un nuevo capítulo: los abogados defensores de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, renunciaron a su representación. Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes formalizaron su decisión mediante un escrito dirigido al juez federal Sebastián Casanello. “Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, señala el documento.

Hasta el momento, ni Spagnuolo ni Daniel Garbellini —otro ex funcionario de la ANDIS bajo investigación— adhirieron al pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, también involucrada en el expediente. Los ahora ex letrados de Spagnuolo habían pedido tiempo para revisar el caso antes de fijar postura, y solicitaron una prórroga. Tampoco se descarta la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque su entorno afirma que aún no hay una decisión tomada.

El planteo de nulidad cuestiona la validez de los audios que dieron origen al expediente. Sus impulsores sostienen que el inicio de la investigación estuvo marcado por “oscurantismo” y desinformación, y alegan que se vulneró el derecho a la intimidad previsto en la Constitución Nacional, por lo que reclaman la anulación de todo lo actuado.

Actualmente, ninguno de los mencionados en la causa —ni Spagnuolo, ni Garbellini, ni los propietarios de la droguería— fue formalmente imputado. El caso sigue bajo secreto de sumario y el fiscal Franco Picardi podría extender esa medida por otros diez días. Casanello, por su parte, aguarda los dictámenes de la fiscalía y de la querella, representada por la ONG Poder Ciudadano, para resolver sobre el pedido de nulidad, decisión que podrá ser apelada.

La investigación se originó a partir de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien aportó la grabación divulgada en el canal Carnaval Stream. No obstante, la defensa de la droguería Suizo Argentina sostiene que esas grabaciones fueron manipuladas y obtenidas de forma ilegal.

El caso también derivó en otra denuncia, impulsada por el Gobierno, que señala la existencia de una operación de inteligencia tras la filtración de nuevos audios vinculados a Karina Milei. Ese expediente quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli y salpica a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron el material. Ambos declararon en Comodoro Py, aseguraron no estar imputados y se pusieron a disposición de la Justicia.

Con este panorama, la causa transita una etapa decisiva: la validez de las pruebas, los eventuales procesamientos y la posibilidad de que alguno de los acusados colabore con la Justicia marcarán los próximos pasos de una investigación que mantiene en vilo a la política y la justicia federal.