Redes sociales bajo monitoreo para detectar amenazas contra escuelas y refuerzan protocolo de seguridad
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El Gobierno nacional modificó el protocolo que regula las tareas preventivas de las fuerzas federales en internet y amplió las excepciones que permiten continuar con el monitoreo de publicaciones en redes sociales y sitios web de acceso público cuando existan indicios de violencia masiva, delitos en desarrollo o situaciones de riesgo que involucren a menores.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 725/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, y surge como respuesta al incremento de amenazas contra establecimientos educativos registradas durante los últimos meses y al crecimiento de comunidades virtuales que promueven hechos de violencia extrema.
Según el Gobierno, la normativa vigente resultaba insuficiente para actuar con rapidez frente a situaciones que requieren una intervención preventiva inmediata.
Las nuevas excepciones
La resolución mantiene como principio general que, si durante una investigación preventiva se detecta que quien realiza una publicación es menor de edad, las fuerzas deben interrumpir el monitoreo.
Sin embargo, incorpora cinco situaciones en las que podrán continuar con la tarea:
Cuando exista riesgo para la vida del menor.
Si hay indicios de que se encuentra desaparecido, sustraído o en situación de desamparo.
Ante publicaciones que evidencien conductas autolesivas o riesgo de suicidio.
Cuando el menor sea presunta víctima de un delito cometido en tiempo real a través de internet y la interrupción del seguimiento pueda frustrar la investigación.
Si existen indicios fundados sobre amenazas, planificación o preparación de ataques contra establecimientos educativos u otros espacios públicos, ya sea que el menor figure como presunta víctima o como posible autor.
En todos estos casos, el personal deberá dejar constancia de los motivos que justifican la continuidad del monitoreo e informar inmediatamente a la autoridad competente.
El antecedente en el Chaco
La modificación llega pocos meses después de la ola de amenazas contra escuelas que afectó a distintas provincias del país.
En el Chaco, durante abril se registraron 153 amenazas dirigidas a establecimientos educativos, lo que obligó a desplegar numerosos operativos policiales y judiciales.
Las investigaciones derivaron en procedimientos en Villa Ángela, General Pinedo y Barranqueras, donde adolescentes fueron investigados por difundir mensajes intimidatorios a través de redes sociales y, en algunos casos, por la tenencia de armas.
La preocupación por las comunidades digitales
Uno de los aspectos centrales que motivó la reforma es el crecimiento de la denominada True Crime Community (TCC), una red de comunidades virtuales integrada principalmente por adolescentes y jóvenes que consumen y comparten contenidos relacionados con ataques armados, homicidios y tiroteos escolares.
Un informe elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) advirtió que estas comunidades pueden generar el denominado "efecto copycat", mediante el cual hechos violentos sirven de inspiración para nuevos ataques.
Según los especialistas, el proceso suele comenzar en plataformas abiertas como TikTok o YouTube y luego migrar hacia espacios privados como Telegram o Discord, donde se intercambia material violento e incluso pueden planificarse ataques.
Más herramientas para la prevención
La modificación del protocolo se suma a otras medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad.
Desde el año pasado, las fuerzas federales cuentan con autorización para utilizar agentes encubiertos digitales con identidades ficticias, siempre bajo orden judicial, para infiltrarse en plataformas y grupos donde se investigan delitos complejos.
Con esta nueva resolución, el Gobierno busca fortalecer las tareas preventivas en entornos digitales y mejorar la capacidad de detectar amenazas antes de que puedan transformarse en hechos de violencia.
