Resistencia quiere ponerle freno al caos: avanza una regulación para Uber y Didi.

La ciudad de Resistencia inició un proceso de regulación para las plataformas de transporte como Uber y Didi, que hasta el momento funcionaban sin un marco normativo municipal. El anuncio fue realizado por el subsecretario de Tránsito y Transporte, Luis Sardi, quien explicó que el objetivo es nivelar las condiciones entre todos los prestadores del servicio urbano y evitar la competencia desleal.

“La idea es que todos los servicios privados, pero de uso público, tengan las mismas reglas”, señaló Sardi. La propuesta en desarrollo obligará a los conductores de aplicaciones a obtener una habilitación municipal para operar legalmente en la capital chaqueña y alrededores.

El reclamo viene siendo impulsado por taxistas y remiseros que aseguran estar en desventaja frente a plataformas digitales que crecieron sin control. Actualmente, Resistencia cuenta con 364 taxis y 123 remises habilitados, mientras que Uber ya suma unos 300 vehículos en circulación, sin contar otros servicios similares.

El presidente del Concejo Municipal, Alejandro Aradas, confirmó que el pedido de regulación fue planteado por los trabajadores del transporte tradicional. La medida deberá atravesar una doble lectura legislativa y una audiencia pública antes de concretarse.

Desde el Sindicato de Peones de Taxis, su secretario general Gabriel Ughelli fue tajante: “Estas aplicaciones ilegales extranjeras vinieron a quitarnos el trabajo. No tienen seguros adecuados, ni revisiones técnicas ni controles. Es una batalla desigual”.

Pese a los cuestionamientos, la mayoría de los choferes tradicionales admite que también usan las apps para llegar a fin de mes: “La gente ya se acostumbró a Uber. Si no trabajamos ahí, no recaudamos”.

La crisis del sector, agudizada tras la pandemia, dejó apenas 700 vehículos activos de los 2.500 que había antes del 2020. Los gremios también apuntaron contra el servicio de Uber Moto, al que consideran riesgoso e inseguro para los pasajeros.

El debate recién empieza. En el fondo, la ciudad se enfrenta al desafío de actualizar su normativa para garantizar seguridad, equidad y transparencia en un ecosistema de transporte que cambió para siempre.