Una causa federal investiga desmontes, fondos ambientales y presuntos conflictos de interés en Chaco.

Una causa judicial federal en trámite volvió a poner en el centro del debate el manejo del monte nativo en Chaco. A partir de una investigación periodística de Chaco TV, el expediente FRE 3086/2024, que se encuentra bajo análisis del Juzgado Federal a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, expone un entramado de presuntas irregularidades que involucra a funcionarios provinciales, empresas agroexportadoras y consultoras privadas.

Según la documentación incorporada a la causa, el esquema investigado habría facilitado desmontes a gran escala, recategorizaciones irregulares de tierras y el desvío de fondos públicos destinados a la conservación ambiental, en beneficio de grandes actores económicos con vínculos políticos.

Uno de los ejes centrales del expediente apunta al accionar del exministro de Producción Hernán Halavacs, señalado por un posible conflicto de intereses. De acuerdo con los informes judiciales, antes de asumir funciones públicas su consultora privada habría gestionado permisos de desmonte por unas 38 mil hectáreas, planes que luego habrían sido aprobados cuando ya se encontraba al frente del área estatal.

Entre las empresas mencionadas en la causa figuran importantes grupos agroindustriales, como Aceitera General Deheza y Vicentin, cuyos proyectos aparecen incorporados en la investigación como parte del entramado bajo análisis.

Otro punto sensible de la causa es el destino del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, previsto por la Ley 26.331. Según la denuncia presentada ante la Justicia, la mayor parte de esos recursos habría sido asignada a empresas privadas, mientras que un porcentaje mínimo llegó a comunidades indígenas, a pesar de que estas son consideradas sujetos prioritarios por la normativa vigente.

El expediente también menciona a organizaciones y asociaciones que habrían recibido importantes sumas de dinero, en un contexto donde —según se investiga— se impulsaban desmontes en territorios habitados por comunidades originarias.

En paralelo, la causa judicial analiza el proceso de aprobación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Chaco. De acuerdo a la denuncia, su validación a nivel nacional habría estado atravesada por acuerdos políticos, pese a objeciones técnicas señaladas por organizaciones ambientalistas.

El expediente incluye además a varias firmas privadas que habrían operado con permisos presuntamente irregulares o recategorizaciones cuestionadas, en zonas donde el desmonte estaría restringido o directamente prohibido por la legislación ambiental.

Mientras el proceso judicial avanza, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió suspender la aplicación de leyes provinciales vinculadas al ordenamiento forestal, al advertir que podrían legitimar desmontes que hoy se encuentran bajo investigación.

La causa continúa en trámite y no hay condenas firmes, pero el material incorporado al expediente vuelve a poner bajo la lupa el modelo de gestión del bosque nativo chaqueño, su impacto ambiental y los vínculos entre el poder político y grandes intereses económicos.