Viajes controlados, fiestas sexuales y una muerte dudosa que destapó todo: el entramado de las “Propo Fest”
El hallazgo del cuerpo sin vida de un anestesiólogo en su domicilio durante el mes de febrero disparó una investigación judicial que conmocionó al sistema sanitario de Buenos Aires. Propofol y fentanilos robados, una amplia red médica involucrada, denuncias cruzadas y un giro inesperado en este escándalo que suma nuevas aristas y ribetes inusitados.

La muerte de un reconocido médico en Buenos Aires, Alejandro Zalazar, destapó una olla que el sistema sanitario no esperaba: robo de insumos, "viajes controlados" y fiestas clandestinas con drogas hospitalarias. Salazar, quien se desempeñaba como anestesiólogo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y contaba con antecedentes laborales en el Hospital Rivadavia, falleció a causa de una sobredosis de propofol y fentanilo.
Al momento del arribo policial, el escenario evidenciaba un consumo sofisticado: el médico tenía una vía intravenosa colocada en su pie derecho y estaba rodeado de ampollas de anestésicos junto a una bomba de infusión, dispositivo técnico de alta complejidad utilizado en terapias intensivas para el suministro preciso de medicación.
La pesquisa tomó un rumbo inesperado al rastrear el origen de las sustancias halladas en el departamento de la víctima. Los peritajes determinaron que los fármacos pertenecían al lote de suministros del Hospital Italiano de Buenos Aires, institución que no guardaba vínculo laboral directo con Salazar.
Este descubrimiento puso el foco sobre dos sospechosos internos del nosocomio privado: un médico anestesiólogo y una residente de tercer año, quienes fueron señalados como los presuntos responsables de la sustracción y posterior distribución de los estupefacientes. Ante la gravedad de la imputación, el profesional implicado presentó su dimisión, mientras que la entidad hospitalaria inició un sumario administrativo y realizó la denuncia penal correspondiente.
Desde el Hospital Italiano informaron oficialmente que se tomaron medidas drásticas contra los involucrados, quienes ya fueron apartados de sus cargos, y subrayaron su total disposición para colaborar con la Justicia tras detectar el faltante mediante denuncias internas. Por su parte, autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires descartaron que existan reportes similares de irregularidades o robos de insumos en los centros de salud pertenecientes a la red pública estatal.
El trasfondo del caso revela prácticas inquietantes que circulaban en el entorno médico bajo el nombre de "Propo fest". Los investigadores analizan testimonios y material digital que sugieren la organización de eventos donde el propofol y el fentanilo se utilizaban con fines recreativos.
Una de las hipótesis sostiene que se comercializaban los llamados "viajes controlados", experiencias de sedación profunda donde un profesional supervisaba al usuario para intervenir ante eventuales paros respiratorios. Otra línea investigativa apunta a la realización de fiestas de índole sexual organizadas por el anestesista denunciado, en las cuales se suministraban estas drogas a un grupo selecto de personas.
El médico toxicólogo Francisco Dadic aportó claridad sobre el peligro de estas sustancias al señalar que “el propofol no es nuevo. No es la droga más usada con este tipo de fines, pero sí se utiliza”. El especialista describió al fármaco como un sedante extremadamente potente usado clínicamente para inducir sedación profunda y permitir la asistencia respiratoria mecánica.
“Como son muy potentes desde el punto de vista químico, pueden provocar rápidamente un paro respiratorio, que lleva al paro cardiorrespiratorio y a la muerte”, advirtió Dadic, remarcando que el personal de salud, por su cercanía con los insumos, es vulnerable a desarrollar consumos problemáticos. Según el toxicólogo, estos fármacos “actúan en áreas muy primitivas del cerebro humano y pueden desarrollar un consumo problemático parecido al del alcohol, pero mucho más potente”.
Frente al escándalo, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires emitió un descargo para desvincular la práctica profesional de los hechos investigados. “Queremos destacar que los anestesiólogos asociados a la AAARBA trabajan por la salud del paciente y la cobertura del Hospital público. Nada de lo que dicen o acusan fue en el ámbito médico. Son cuestiones de la vida privada, de las cuales nos ocupamos y preocupamos en la medida que cualquier institución puede hacer respecto al ámbito privado de los profesionales que la integran”, manifestaron desde la entidad, añadiendo que no participarán de construcciones mediáticas ajenas a los expedientes judiciales.
En sintonía, el subdirector de la organización fue tajante al definir la situación como “un tema de la gente que extrae fármacos”.










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