APA liberó un canal taponado ilegalmente en Samuhú y Urien para normalizar el escurrimiento de agua.

Intervino la Justicia para permitir la remoción del terraplén ubicado dentro de un campo privado. El operativo forma parte del plan de ordenamiento hídrico provincial.

En un operativo conjunto con la Justicia chaqueña, la Administración Provincial del Agua (APA) logró destapar un taponamiento clandestino en el canal de drenaje pluvial "aliviador Río Muerto", ubicado en la zona rural de Samuhú y Urien. La intervención permitió restablecer el escurrimiento natural del agua, beneficiando tanto a productores locales como a la planta potabilizadora de Samuhú.

Máquina vial liberando canal de agua.

El presidente del organismo, Jorge Pilar, explicó que esta acción se enmarca en el plan provincial de ordenamiento hídrico impulsado por el Gobierno del Chaco, que busca garantizar el acceso al agua para actividades productivas y para consumo humano. “No admitiremos que alguien busque su propio beneficio perjudicando a otros chaqueños”, remarcó Pilar.

El terraplén había sido construido ilegalmente dentro de un campo privado, por lo que fue necesaria la intervención del Juzgado de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña y de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, a cargo de la fiscal María Emilia Rudaz. La orden de allanamiento permitió a la APA ingresar con maquinaria especializada para remover el tapón, lo que restituyó el flujo del canal.

Desde la Secretaría Técnica de APA señalaron que el agua liberada permitirá la recarga de reservorios esenciales para la planta potabilizadora local y para actividades agropecuarias en la región.

La intervención se realizó bajo el marco legal del Código de Aguas del Chaco (Ley 555-R), en su rol como órgano de aplicación. El operativo fue coordinado por el área de Usos Productivos de APA, a través de su asesor legal, Luis González.

APA recordó que toda obra hidráulica en territorio chaqueño debe contar con su autorización, y reiteró que se intensificarán los controles para evitar acciones unilaterales que puedan afectar a comunidades rurales y al desarrollo sostenible del recurso hídrico.