Causa YPF: Escándalo en el Gobierno por despidos y sospechas de filtraciones.

El Gobierno nacional despidió a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro en medio de un nuevo escándalo vinculado al juicio multimillonario por la expropiación de YPF. Aunque desde Casa Rosada se informó que la medida responde a una “reestructuración para mejorar la eficiencia”, distintas fuentes revelan que las decisiones estarían ligadas a sospechas de filtraciones internas que habrían favorecido a los litigantes internacionales.

La preocupación oficial creció luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska condenara a la Argentina a pagar USD 16.100 millones por la estatización de la petrolera, exigiendo además la entrega del 51% de las acciones de YPF.

Según se investiga, el fondo demandante Burford Capital habría accedido con anticipación a la estrategia legal argentina, lo que plantea un posible caso de traición o negligencia dentro del propio Estado. La situación provocó una fuerte interna política y disparó los despidos en cadena.

El escándalo también involucra al actual jefe de la Procuración del Tesoro, Santiago Castro Videla, señalado por sus vínculos con un constitucionalista que colaboró con el fondo buitre demandante. A pesar de las críticas, Castro Videla continúa en su cargo con el respaldo de Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei.

Por el momento, el Gobierno logró un respiro temporal: la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendió provisoriamente la entrega de las acciones de YPF, lo que permite al país seguir apelando la millonaria sentencia.

Sin embargo, la crisis interna, la posible fuga de información estratégica y la magnitud de la deuda condenan a la gestión libertaria a enfrentar una de sus mayores tormentas judiciales y políticas hasta ahora.