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Cinco policías irán a juicio en Castelli por un grave caso de torturas en la comisaría de Miraflores.

El juez José Luis Kerbel resolvió elevar a juicio la causa contra cinco efectivos acusados de someter a un detenido a vejámenes físicos y psicológicos en 2021. El hecho fue denunciado por el Comité para la Prevención de la Tortura.


El Juzgado de Garantías de Castelli resolvió este lunes elevar a juicio oral la causa que investiga a cinco policías provinciales acusados de torturar a un detenido en la comisaría de Miraflores en junio de 2021. La resolución fue firmada por el juez José Luis Kerbel, quien desestimó la oposición de las defensas y consideró que existen elementos suficientes para que los hechos se debatan en la Cámara Multifueros de Castelli.

Los acusados son Sergio Paulino F. (sargento ayudante), Hugo Hernán E. (comisario inspector), Orlando M. (sargento primero), Héctor Fabián G. (sargento ayudante) y Ricardo Saúl D. (oficial auxiliar).

La víctima, identificada como W.G.A., denunció haber sido golpeada, sometida a descargas eléctricas y abusada sexualmente mientras permanecía esposada. Según la acusación, las agresiones tenían como objetivo forzarlo a brindar información sobre armas vinculadas a delitos. Parte de los hechos incluso habrían sido filmados con un celular para extorsionarlo.

La fiscalía, encabezada por Silvia Sluzar, sostuvo que se trató de un accionar conjunto y coordinado, encuadrado en la figura de coautoría. Entre las pruebas se incorporaron testimonios de otros detenidos, informes médicos y psicológicos, así como documentación aportada por el Comité contra la Tortura.

En su resolución, Kerbel remarcó la situación de doble vulnerabilidad de la víctima —al ser una persona privada de libertad y con antecedentes psiquiátricos— y recordó la obligación del Poder Judicial de garantizar el respeto a la dignidad humana conforme a las 100 Reglas de Brasilia.

De esta manera, los cinco policías afrontarán un juicio oral donde se debatirá la acusación de imposición de torturas, un delito que, de confirmarse, constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos.


 
 
 

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