El Chaco también siente el récord de encarcelamiento: las cárceles superan su capacidad y crece la alerta por hacinamiento.

El sistema penitenciario chaqueño atraviesa una situación de fuerte presión estructural, en sintonía con el récord histórico de encarcelamiento que registra la Argentina. Así lo revelan las conclusiones del informe anual 2024 difundido por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, elaborado a partir de datos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

Según el relevamiento, al cierre de 2024 la provincia del Chaco contaba con 1.263 personas privadas de la libertad en el ámbito penitenciario, una cifra que representa un incremento interanual del 3,7% respecto de 2023. Si bien el crecimiento es menor al promedio nacional, confirma una tendencia sostenida al alza que impacta directamente en la capacidad del sistema.

La tasa de encarcelamiento provincial alcanzó las 101 personas cada 100 mil habitantes, ubicándose por encima de jurisdicciones como Chubut, Neuquén y Tucumán. A nivel país, el panorama es aún más crítico: Argentina cerró 2024 con 121.443 personas detenidas, lo que equivale a una tasa de 258 por cada 100 mil habitantes, el valor más alto registrado hasta el momento.

Uno de los datos más preocupantes del informe es el nivel de ocupación de las cárceles. En el Chaco, las plazas disponibles eran 1.204, lo que implica una ocupación del 104,9%, confirmando un escenario de hacinamiento. En el plano nacional, la situación es más extrema: con 93 mil plazas para más de 121 mil detenidos, la sobreocupación promedio alcanza el 130%.

Delitos predominantes y perfil etario

El informe detalla que en la provincia prevalecen los delitos contra las personas, que representan el 38,8% de la población encarcelada. Les siguen los delitos contra la integridad sexual (37,9%) y los delitos contra la propiedad (18,4%). En menor proporción aparecen las causas vinculadas a estupefacientes (3,9%), contra la libertad (0,7%) y contra la administración pública (0,1%).

El perfil de las personas privadas de la libertad muestra una fuerte concentración en edades jóvenes. En el Chaco, el grupo etario de 30 a 39 años es el más numeroso, con el 32,3% del total, seguido por el de 21 a 29 años (28,3%) y el de 40 a 49 años (21,1%). Los jóvenes de 18 a 20 años representan apenas el 0,8%, mientras que las personas mayores de 60 años alcanzan el 5,7%.

Género y situación procesal

La privación de la libertad continúa afectando mayoritariamente a varones. En los establecimientos penitenciarios chaqueños se registraron 1.250 hombres y solo 13 mujeres, lo que equivale a un 4,2% de población femenina. El informe aclara que en la provincia no se registran personas no binarias privadas de la libertad.

En cuanto a la situación judicial, el 95,6% de las personas alojadas en cárceles del Chaco cuenta con condena firme, mientras que solo el 4,4% se encuentra en proceso. Esta proporción se ubica muy por encima de la media nacional, que ronda el 62%, y refleja el impacto del sistema acusatorio, aunque sin generar una reducción efectiva del encarcelamiento.

El CNPT pone el foco, además, en las condenas de hasta tres años, que representan el 17% de la población condenada a nivel nacional. Se trata, en su mayoría, de delitos de baja o nula violencia, para los cuales el Código Penal habilita penas de ejecución condicional, una alternativa que podría aliviar la sobrepoblación carcelaria pero que continúa siendo subutilizada.

Comisarías, otro punto crítico

El informe advierte que la sobrepoblación en cárceles tiene un efecto directo en las comisarías, que siguen siendo utilizadas para alojamientos prolongados pese a no contar con infraestructura ni personal adecuados. Esta situación, señalan los organismos, constituye una grave vulneración de derechos y un desafío estructural que se repite desde hace décadas.

Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco reafirmaron su compromiso con el monitoreo permanente de los lugares de encierro y remarcaron que los datos del CNPT son clave para orientar políticas públicas que garanticen que la privación de la libertad se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos.