El gobierno inicia el proceso de venta de centrales hidroeléctricas

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 718/2024, tomó decisiones respecto a las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. A pocos días de su vencimiento, se decidió extender las concesiones para las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Paralelamente, el decreto instruye a la Secretaría de Energía a iniciar un concurso público en un plazo de 180 días para avanzar en la privatización de estas centrales mediante la venta de la mayoría de sus acciones.

En un contexto donde la energía y el agua juegan un papel crucial en la estabilidad económica del país, esta decisión del gobierno de extender las concesiones de las represas del Comahue genera preocupaciones. Se observa un avance en la privatización de infraestructura crítica, como las concesiones de las centrales hidroeléctricas, que han estado en manos de empresas privadas como AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).

Las represas hidroeléctricas, que representan aproximadamente el 20% de la generación de energía eléctrica en Argentina, fueron construidas por el Estado desde la década de 1960 con una inversión significativa de unos U$S 20 mil millones. A pesar de la financiación pública y el potencial de estas represas para generar divisas a largo plazo, la privatización en la década de 1990 solo recuperó alrededor del 10% de la inversión original.

La desregulación y privatización del sector eléctrico durante el menemismo no aportaron los beneficios esperados, resultando en un oligopolio que ha priorizado sus ganancias sobre la inversión en infraestructura y el bienestar de los usuarios. Las prórrogas a las concesiones han sido respuestas temporales a la falta de planificación a largo plazo, y la reciente aprobación de la Ley Bases ha dado al gobierno el capital político para avanzar con las privatizaciones.

La transición hacia un modelo energético más justo y sostenible requiere una gestión pública y social de las represas, que permita utilizar los ingresos generados para financiar proyectos de energía renovable. En un contexto de crisis climática y desafíos energéticos, la privatización de estos activos estratégicos pone en riesgo la capacidad del país para gestionar su infraestructura energética de manera equitativa y sostenible. Una gestión intersectorial y participativa, que incorpore a sindicatos, cooperativas y comunidades, es fundamental para garantizar que el agua y la energía se gestionen como bienes públicos y no como meros activos privados.