Empresa correntina inició una demanda contra el gobierno de Misiones por anticipos de ingresos brutos (IIBB)

Un fuerte conflicto fiscal entre provincias del noreste argentino llegó a la instancia máxima de la Justicia. La firma Las Marías, con base en Corrientes, inició una demanda contra el Gobierno de Misiones por el esquema de cobro anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), cuya constitucionalidad quedó ahora bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El eje del planteo apunta contra el sistema implementado por la Agencia Tributaria misionera, que incluye retenciones, percepciones y pagos a cuenta sobre operaciones comerciales. Este mecanismo, conocido en el sector empresario como “aduana paralela”, viene siendo cuestionado por su impacto financiero.

Un desbalance millonario

Según consta en el expediente judicial, la empresa denunció que mensualmente se le retienen cerca de $333 millones, mientras que su obligación real por Ingresos Brutos ronda los $2 millones. La diferencia representa un desfasaje superior al 17.000%.

A esto se suman otros conceptos, como anticipos por mercadería que ingresa a la provincia, retenciones a clientes y percepciones específicas sobre plantas de procesamiento. En total, la compañía calculó pagos a cuenta por unos $598 millones mensuales, lo que proyectado al año asciende a más de $7.100 millones.

En contraste, la obligación tributaria anual de la firma se ubica en torno a los $23 millones. De esta manera, la empresa sostiene que el sistema implica adelantar el equivalente a más de 300 años de impuestos, un nivel que calificó como desproporcionado.

Impacto en inversiones y economía regional

En su presentación, Las Marías advirtió que esta carga fiscal afecta directamente su capacidad de inversión, especialmente en proyectos productivos dentro de Corrientes.

La firma había adherido a programas provinciales para expandir la producción yerbatera, pero argumentó que la presión impositiva de Misiones genera incertidumbre y dificulta cumplir con los planes previstos.

En ese contexto, el Gobierno correntino se presentó en la causa como “tercero interesado”, al considerar que la política tributaria misionera impacta en su autonomía, en la recaudación y en el desarrollo económico provincial. También advirtió sobre posibles efectos en el empleo y en el sistema financiero.

Un caso con derivaciones institucionales

El conflicto judicial tuvo un recorrido complejo. Inicialmente, un juzgado federal de Paso de los Libres había dictado una medida cautelar a favor de la empresa, pero luego se declaró incompetente y remitió el caso a la Corte Suprema, al tratarse de un litigio entre provincias.

En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones intervino, se declaró competente y dejó sin efecto la cautelar, lo que reactivó la carga impositiva sobre la empresa.

Por su parte, la Procuración General de la Nación dictaminó que no se trata de un conflicto de competencia, sino de una disputa que debe ser resuelta directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al involucrar intereses de más de una provincia.

Actualmente, el expediente ya se encuentra en análisis dentro del máximo tribunal, que deberá definir sobre la validez del sistema cuestionado y su impacto en el federalismo fiscal.