Fallo histórico: la Justicia habilita nuevamente a la Defensa Pública para inspeccionar cárceles chaqueñas.

En una decisión que refuerza los mecanismos de control y defensa de los derechos humanos, la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña resolvió habilitar nuevamente el ingreso de defensores oficiales a los sectores de alojamiento de las cárceles chaqueñas. El fallo, dictado por el juez Rodolfo Gustavo Lineras, declaró inconstitucional la orden del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que restringía dichas inspecciones.

La acción fue impulsada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, y un grupo de defensores oficiales, quienes advirtieron que la disposición del SPP impedía una función clave: monitorear en forma directa y sin previo aviso las condiciones reales de detención. La restricción, vigente desde una polémica Orden General emitida en enero, fue considerada como un “agravamiento ilegítimo” de los derechos de las personas privadas de libertad.

“El acceso irrestricto a los lugares de detención por parte de los defensores es un dique de contención indispensable frente a la arbitrariedad del Estado”, expresó el juez en un fallo contundente que recibió además el respaldo del Comité contra la Tortura.

El SPP, por su parte, defendió la medida alegando razones de seguridad, pero el magistrado desestimó esos argumentos y calificó de “infundadas” y “fuera de lugar” las acusaciones vertidas contra la Defensora General Adjunta.

Además de declarar inconstitucional la orden interna del SPP, el juez ordenó el cese inmediato de toda restricción al ingreso de defensores a los sectores de alojamiento de las unidades penitenciarias.

El fallo marca un antecedente clave en la provincia del Chaco en materia de garantías judiciales y control institucional sobre los lugares de encierro, en un contexto donde las denuncias por condiciones carcelarias irregulares siguen generando preocupación.