Más control, menos tragedias: el objetivo detrás de las fotomultas en el Chaco.

La polémica por las fotomultas volvió a dividir opiniones en Chaco. Mientras algunos las consideran una herramienta efectiva de prevención, otros las cuestionan como un “negocio recaudatorio”.

Sin embargo, detrás del debate hay un dato que no se puede pasar por alto: los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte evitable en la provincia.

Desde el Ejecutivo chaqueño aseguran que las fotomultas son una pieza más de una política integral de seguridad vial, respaldada por evidencia técnica, organismos nacionales y resultados medibles.

Un plan con base técnica

En junio de 2025, la Provincia puso en marcha el Plan Integral de Seguridad Vial, que incluyó la instalación de 47 radares fijos distribuidos en 19 puntos estratégicos de 17 localidades.

Cada radar cuenta con cuatro tipos de carteles reglamentarios que advierten al conductor con antelación, desde señalización vertical hasta límites de velocidad claros.Lejos de los llamados “radares escondidos”, los equipos son visibles y fijos, y su ubicación fue determinada por informes técnicos avalados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Los puntos fueron publicados en el Boletín Oficial y difundidos mediante una campaña informativa.Desde el Ministerio de Seguridad remarcan:

“Hay un método infalible para evitar las fotomultas: respetar la velocidad máxima reglamentaria”.

Un problema real: siniestros recientes en rutas chaqueñas

Los datos locales confirman que el tránsito en las rutas y accesos del Chaco sigue cobrando vidas. Solo en los últimos meses:

• 20 de septiembre – Puente Chaco–Corrientes: choque en cadena, un motociclista fallecido.

• 30 de octubre – Colectora Ruta 11, Resistencia: un ciclista murió embestido por un camión.

• 31 de agosto – Rotonda norte de Resistencia: murió un hombre de 39 años.

• 16 de octubre – Sáenz Peña: un motociclista perdió la vida tras ser arrollado.

• Septiembre – Av. Sarmiento, Resistencia: accidente múltiple con jóvenes hospitalizados.

Precisamente, muchos de esos tramos hoy cuentan con radares.

Evidencia que respalda su efectividad

A nivel internacional, la evidencia es contundente.Una revisión Cochrane, considerada la fuente científica más rigurosa en políticas públicas, concluyó que los controles automáticos de velocidad reducen entre 14% y 65% los siniestros viales.

Un meta-análisis del investigador noruego Rune Høye (2014) mostró una disminución promedio del 50% en choques con víctimas graves o fatales en zonas controladas.

En Argentina, la ANSV sostiene que una baja del 5% en la velocidad promedio reduce un 10% los choques con lesionados y un 20% los siniestros fatales.

En Chaco, el Observatorio Vial provincial ya reportó una reducción del 23% en la siniestralidad en las zonas donde se instalaron los radares.

Qué dicen las organizaciones de víctimas

Agrupaciones como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas apoyan firmemente estos controles.

“Las cámaras no son para recaudar, son para que la gente respete las normas y llegue viva”, repite Viviam Perrone, referente nacional.

Desde Estrellas Amarillas remarcan que los radares, junto con la educación y la fiscalización, “salvan vidas si se usan correctamente”.

Entre el derecho y la seguridad

La controversia judicial más reciente, impulsada por un abogado que cuestionó la legalidad del sistema, es parte de un fenómeno recurrente: la judicialización de infracciones para ganar visibilidad.

Fuentes del Ejecutivo aclararon que los radares están debidamente homologados, señalizados y avalados por la ANSV, con toda la documentación disponible para consulta pública.Además, ningún derecho de defensa se ve afectado: los infractores pueden presentar sus descargos ante el Juzgado de Faltas, de forma presencial o virtual.

Una política que busca salvar vidas

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Argentina mueren más de 4.000 personas por año en siniestros viales. En Chaco, esas cifras se traducen en nombres y familias que sufren pérdidas evitables.

Desde el Gobierno provincial remarcan:

“El objetivo no es recaudar, es prevenir. Si todos respetamos los límites, las cámaras se vuelven innecesarias. Pero mientras sigan muriendo personas por exceso de velocidad, tenemos la obligación de actuar”.