Organismos de DD.HH. rechazaron la baja de imputabilidad y alertaron sobre un “retroceso”.

Organismos nacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por el proyecto de Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad en Argentina y advirtieron que la iniciativa podría implicar un retroceso en la protección de niñas, niños y adolescentes.

La declaración fue emitida de manera conjunta por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el Consejo Federal de Mecanismos Locales (CFML) y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco del tratamiento legislativo del proyecto durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Las entidades cuestionaron que el dictamen haya sido aprobado en comisiones sin un debate amplio, informado y basado en evidencia.

Los puntos más cuestionados

Entre los aspectos más críticos del proyecto, los organismos señalaron:

• La baja de la edad de responsabilidad penal a los 14 años.

• La falta de garantías para que la privación de libertad sea una medida excepcional.

• La posibilidad de aplicar penas de hasta 15 años de prisión a adolescentes.

• El alojamiento de jóvenes en sectores dentro de unidades penitenciarias, lo que podría vulnerar estándares internacionales de protección.

Propuestas alternativas

Si bien reconocieron que el sistema vigente requiere reformas, remarcaron que cualquier modificación debe respetar plenamente los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes.

Entre las medidas sugeridas, destacaron:

• No reducir la edad de responsabilidad penal.

• Crear un sistema juvenil especializado, separado del régimen penal de adultos.

• Aplicar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y última ratio.

• Promover medidas no judiciales y enfoques de justicia restaurativa.

Respaldo internacional y estadísticas

Los organismos recordaron que tanto el Comité de los Derechos del Niño como el Comité contra la Tortura de la ONU recomendaron mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.

Además, subrayaron que las estadísticas indican que la participación de adolescentes en delitos es baja, por lo que consideraron que la problemática debe abordarse mediante políticas públicas de inclusión, prevención y protección de derechos, en lugar de respuestas predominantemente punitivas.

El debate continuará en el Congreso, en medio de fuertes posiciones encontradas sobre el alcance y el impacto del nuevo régimen penal juvenil.